Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad y vecina del barrio madrileño de Retiro, ha sido desahuciada este miércoles de la que ha sido su casa durante siete décadas, situada en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, al ser incapaz de hacer frente al aumento del alquiler que le imponía el fondo de inversión que adquirió el edificio.
La anciana ha sido desalojada sobre la una de la tarde, en camilla, ante los gritos de los cientos de manifestantes que han tratado de paralizar un desahucio que se ha alargado durante más de siete horas, enmarcado por un fuerte dispositivo policial. “Maricarmen no estás sola”, “asesinos” o “Esta señora podría ser tu abuela” han sido las consignas proclamadas por los activistas -algunos acampados desde la noche-. Tras el desahucio, el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido a Maricarmen -que ha sido trasladada al hospital Gregorio Marañón- una alternativa de alojamiento temporal a través de Samur Social, algo que la mujer ha rechazado. Fuentes de los servicios sociales han señalado que “prefiere alojarse con sus familiares”.
La intervención judicial pone fin así a un litigio que arrancó en 2018, cuando el edificio donde se ubica el piso —regulado originalmente bajo un contrato de “renta antigua”— fue vendido a la inmobiliaria Renta Corporación y posteriormente transferido a la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. La propiedad exigía a la inquilina un alquiler mensual de 1.650 euros, una cantidad que, pese a ser inferior a los 2.650 euros por los que alquilan otros pisos del mismo edificio, resultaban inasumibles para Maricarmen, que, según allegados, tiene unos ingresos que se limitan a una pensión de 1.450 euros.
A las puertas del inmueble, la abogada de la anciana, Beatriz Duro, ha explicado que la propiedad rechazó tajantemente todas las alternativas planteadas para negociar un acuerdo o postergar la fecha de alzamiento, al menos quince días para poder recoger sus pertenencias. También la de una escritora que no ha querido revelar su identidad y que se ofreció a pagar el aumento del alquiler que le exigían a Maricarmen.
Desde la noche del martes, decenas de personas se habían concentrado en las inmediaciones de la vivienda con tiendas de campaña, organizadas por el Sindicato de Inquilinas, que ha mediado en el procedimiento. Desde las 7:30, varios furgones de UIP de la Policía Nacional han comenzado a acordonar el perímetro que rodea a la vivienda, para permitir el paso a las 9:30 de la comitiva judicial que debía realizar el lanzamiento dentro de la vivienda. La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha explicado que han estado “más de una hora negociando con la comisión y la propiedad”, que se ha “negado a suspender el desahucio por ninguno de los motivos alegados”. Maricarmen ha sido trasladada tras el lanzamiento al Hospital Gregorio Marañón.
Duro también ha asegurado que comunicaron que “una persona anónima quería hacerse cargo del alquiler” y acreditaron documentalmente que las autoridades “se están coordinando para darle una alternativa habitacional”, pero, según la letrada, “les da lo mismo”. “Ni siquiera han querido darle una hora o dos para sacar sus cosas personales“, ha denunciado. “Hemos solicitado una prórroga de dos semanas o un mes, pero les da lo mismo”, ha sostenido. Tras la firma del lanzamiento, la Policía ha comenzado a movilizar uno a uno a todos los manifestantes agolpados en las inmediaciones, que realizaban sentadas y cadenas humanas para tratar de frenar el desahucio, y a los miembros del Sindicato que acompañaban a Maricarmen en la vivienda.
Tras retirar a los activistas que estaban sentados ante la puerta del edificio, los agentes han procedido a abrir con mazas la puerta del mismo para acceder. Dentro del inmueble, numerosos miembros del Sindicato de Inquilinas se agolpaban para tratar de frenar el desahucio. Los agentes han empleado herramientas tanto en el portal que da a la calle como en la puerta de su vivienda, además de gas lacrimógeno para sacar de las escaleras a los activistas. Desde el Sindicato han denunciado violencia policial contra los desplegados por parte de los agentes, a los que acusan de ser el “brazo armado del rentismo”, y han criticado con dureza al Ministerio de Vivienda y a la Delegación del Gobierno de Madrid.
En declaraciones a los periodistas tras el alzamiento, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha cargado contra la actuación de Delegación de Gobierno, que mientras ponía “unos tuits asquerosos”, mandaba a una Policía que “se ha excedido“. Así, ha defendido que han cargado contra las personas que estaban “realizando “una resistencia pacífica” para defender el derecho a la vivienda. “¿Para qué sirve este gobierno progresista? ¿Para qué?“, se ha preguntado.
Las letradas de Maricarmen también han solicitado, sin éxito, que la mujer tuviera un mes o 15 días para sacar sus cosas y encontrar una alternativa. “Ni siquiera quieren dejarle un tiempo mínimo de una hora, ni de dos, ni de nada, para sacar sus pertenencias, que saque sus cosas más personales y que se lo mandará a la dirección que ella indique, que de momento no puede indicar ninguna porque no tiene dónde ir”, ha explicado su abogada. Duro ha insistido en que Maricarmen “nunca ha dejado de pagar la renta” y que a la propiedad se le está ofreciendo acuerdos “de todo tipo desde hace meses y que nunca” han querido hablar con la representación legal.
Maricarmen: 7 décadas viviendo allí hasta una subida del 275%
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen. Ella se subrogó en las mismas condiciones, es decir, una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI, durante casi 20 años.
El documento forma parte de los contratos conocidos como “de renta antigua”. La mujer, con una discapacidad del 50%, logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor. La afectada se enfrentaba este miércoles a su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasara en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, trató de incrementar el alquiler de la inquilina en un 275%. De los 500 euros mensuales que Maricarmen pagaba hasta ahora, la subida elevó esa cifra hasta los 2.650 euros, cifra que luego redujeron a 1.650 en señal de “buena voluntad”, aunque supera con creces la pensión de 1.350 euros que percibe.
Este martes, se dio a conocer la noticia de que una conocida escritora se había ofrecido a pagar parte del alquiler de Maricarmen “hasta el fin de sus días”, según explicó el Sindicato. La escritora, que ha preferido mantener su identidad en el anonimato, había tomado la decisión después de conocer esta tarde el caso y se puso en contacto con el Sindicato, contemplando que Maricarmen siguiese abonando los 500 euros mensuales que paga actualmente y que la escritora cubra la diferencia hasta alcanzar el precio que solicitaba Urbagestión. No obstante, desde el fondo han rechazado esta propuesta.
Por su parte, el Sindicato de Inquilinas han cargado contra el Ministerio de Vivienda y su titular, Isabel Rodríguez, al tiempo que han acusado a la Policía y a la Delegación del Gobierno de desproteger a la ciudadanía. “Primero echan a la prensa. Luego desahucian con violencia. Así protege el PSOE a los fondos de inversión. Responsable: Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid”, han denunciado. Durante las horas en las que se ha producido el desahucio, se han escuchado consignas como “Este desalojo es un asesinato”, “Podría ser tu madre, podría ser tu abuela” “Vergüenza” o “El ático de Ayuso, para Maricarmen”.
Gobierno y Delegación se desmarcan de la operación
La Delegación del Gobierno en Madrid se ha desmarcado este miércoles del dispositivo policial, aludiendo a que la Policía Nacional actúa bajo mandato judicial, que debe proteger a la comitiva judicial al haber muchas personas en las inmediaciones. Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press han aclarado que la institución no dirige el dispositivo policial en las inmediaciones del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, al tiempo que se han declarado en contra del desahucio.
Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha indicado que desde su ministerio han “mediado” para adquirir la vivienda, pero la empresa propietaria se “cachondea de las administraciones“. En este sentido, ha agregado que a la empresa propietaria de la vivienda le importa “un pimiento” la crítica y el movimiento social y que “se cachondea” de las administraciones públicas y de la ciudadanía porque tienen a una presidenta que les protege”, ha dicho en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado diversas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, denuncia que no ha recibido respuesta a estas iniciativas. La letrada de Maricarmen ha asegurado que las administraciones “van pasando la pelota y nadie asume la responsabilidad, todo el mundo dice que la culpa es del de al lado. La responsabilidad es de todos, se ha hecho activamente por parte de todos para que se ejecute el lanzamiento”.
Por su parte, el sindicato ha asegurado que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia privada con un coste de más de 1.200 euros, “una barbaridad” para la pensión de la mujer. El caso ha llegado hasta las Naciones Unidas, que requirió al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada.
Por parte del Ayuntamiento de Madrid, han señalado este miércoles que tiene preparado un recurso asistencial y habitacional “inmediato“ para Maricarmen. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este miércoles que los servicios sociales municipales “llevan meses haciendo seguimiento de su situación, han emitido el correspondiente informe de vulnerabilidad y ya le han ofrecido alternativas de alojamiento”.
El portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que la Comunidad “le ofreció en dos ocasiones una plaza pública de residencia” a Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada esta mañana en la capital, y que tanto la región como el Ayuntamiento de Madrid “han trabajado de manera conjunta para poder ayudar a esta mujer”.
Desde la noche vecinos arroparon a Maricarmen
Vecinos y activistas pasaron la noche al raso frente al inmueble para tratar de impedir este cuarto intento de lanzamiento. En la vigilia estuvieron presentes, entre otras personalidades del mundo de la cultura, Ana Belén, Ignatius Farray, Rozalén y Marwan.
“Os doy las gracias por ese ejercicio que estáis haciendo toda esta noche durmiendo en la calle. (…) Os recuerdo mucho y sigo oyendo todo vuestro ruido. Por favor seguid, pero no os hagáis daño unos a otros”, señalaba Maricarmen a los presentes. “Me quieren echar por el puto dinero. He vivido aquí 71 años. No me quiero ir. Esta gente por dinero hace lo que sea“, ha afirmado.
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