El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta aprobar de forma “urgente” un nuevo decreto ley de vivienda con medidas antidesahucio tras el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo de alquiler en su casa. Preguntado desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU, sobre si el Ejecutivo llevará la medida al próximo Consejo de Ministros, Sánchez ha evitado comprometer una fecha concreta, pero ha asegurado que “no descarta nada” y que el Gobierno actuará “de manera urgente cuando sea necesario”. No obstante, ha repartido responsabilidades entre los grupos parlamentarios, cuyo apoyo será imprescindible para convalidar el decreto en el Congreso, así como a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, a las que ha acusado de haber hecho “caso omiso” de una “tragedia social” que, a su juicio, deberían haber evitado por ser quienes tienen “la responsabilidad principal” en materia de vivienda y protección de las personas vulnerables.
Sánchez ha apelado varias veces a la “responsabilidad” de los grupos parlamentarios y ha defendido que una situación como la de Maricarmen “no podemos aceptarla ni como país ni desde el punto de vista de las instituciones públicas”. También ha cargado contra las administraciones de José Luis Rodríguez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, a los que ha reprochado estar, a su juicio, “más preocupados por comprar y vender áticos” que por atender este tipo de situaciones. Pero al abordar lo que sí depende directamente del Ejecutivo —la aprobación del decreto de vivienda que incluiría medidas antidesahucio o la prórroga de los contratos de alquiler, entre otras cosas— ha trasladado la presión al Congreso, donde el Gobierno lleva negociando desde antes del verano para reunir una mayoría suficiente que garantice su posterior convalidación. Según fuentes gubernamentales, los principales escollos siguen estando en Podemos y Junts.
Sánchez ha recordado además que, si el Parlamento hubiera convalidado el decreto impulsado por el Gobierno de coalición —y especialmente defendido por el ala minoritaria de Sumar—, “Maricarmen no hubiera sido desalojada”. “Esa es la realidad”, ha afirmado. A partir de ahí, ha reclamado “altura de miras”, empatía y “responsabilidad” a los grupos para sacar adelante una reforma que considera “necesaria” e “imperiosa” y que el Ejecutivo presenta ahora como una de las herramientas para evitar que casos similares vuelvan a repetirse.
También ha dicho que el Ejecutivo está dispuesto a modificar y reforzar la legislación para aumentar la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, especialmente en aquellos territorios donde, a juicio del Gobierno, las administraciones competentes no están utilizando todas las herramientas que permite la ley. “Si estamos en política es para que estas tragedias no sucedan”, ha defendido, al tiempo que ha sostenido que se trata de una cuestión de “lucha contra la injusticia social” y no de “color político”.
En todo caso, el presidente ha evitado aclarar cuándo llevará el nuevo decreto al Consejo de Ministros y ha vuelto a poner el foco en la necesidad de asegurarse antes los apoyos parlamentarios. “Antes de decirles a ustedes la fecha, pido responsabilidad a los grupos“, ha señalado. El presidente ha insistido en que “el Gobierno hará lo que esté en su mano”, pero ha recordado que la medida tendrá que ser convalidada después por el Congreso, en un momento en el que varios socios e incluso los ministros del ala minoritaria Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun han elevado la presión sobre los socialistas, que controlan el Ministerio de Vivienda, para que den luz verde ya a un decreto que incluiría también medidas antidesahucio.
Los socios reclaman, de hecho, recuperar cuanto antes una norma que acumula ya cerca de dos meses de retraso respecto al compromiso inicial del Gobierno de llevarla al Consejo de Ministros. Desde Sumar sostienen que del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid “no se espera absolutamente nada”, pero sí del Ejecutivo progresista y de la mayoría parlamentaria que lo sostiene. Sus ministros aseguran que están negociando intensamente para reunir los apoyos suficientes, mientras que fuentes del Ministerio de Vivienda insisten en que su intención es aprobar el decreto “cuanto antes”, aunque subrayan que el objetivo no es solo llevarlo al Consejo de Ministros, sino garantizar también su posterior convalidación.
Ese ha sido hasta ahora precisamente el principal argumento de Moncloa y del PSOE para retrasar la medida. En el Ejecutivo sostenían que no tendría “ningún sentido” aprobar en Consejo de Ministros un decreto que después pudiera caer en el Congreso, más aún porque, una vez aprobado, su contenido ya no puede modificarse antes de la votación de convalidación. Las negociaciones siguen teniendo como principal escollo a Junts, aunque el Gobierno confía en que algunos cambios puedan facilitar su apoyo, y también a Podemos, que ya advirtió en julio de que no respaldaría un paquete normativo que modificase “una coma” de la ley del suelo, como pretenden los socialistas.
Hasta ahora, de hecho, desde el Gobierno no trasladaban ninguna intención de llevar el decreto al Consejo de Ministros del próximo martes. Las palabras de Sánchez introducen ahora un matiz relevante al abrir por primera vez la puerta a que pueda aprobarse de forma inmediata, aunque insista en la necesidad de reunir una mayoría suficiente en el Congreso.
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