El Gobierno deja sin efecto el decreto del alquiler indefinido hasta la votación en el Congreso

Un día después de convocar elecciones y a los cuatro días de que el Congreso de los Diputados rechazara los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno tras el terremoto social y político desencadenado por el desahucio de Maricarmen, el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes ambos textos, con algunas modificaciones. Entre las novedades, el anuncio de que la línea de ayudas del ICO para la compra de primera vivienda a las familias que no cuenten con ahorros para la entrada estará dotada con 10.000 millones de euros, y que se destinarán otros 400 millones para promotores de vivienda social. Pero el cambio sustancial está en quién decidirá ahora la convalidación o no de ambos decretos. Al haberse disuelto las Cortes por el adelanto electoral, la votación no será en el Pleno del Congreso —como el viernes—, sino en la Diputación Permanente, donde el voto de Junts ya no es clave.

Del Consejo de Ministros de este martes han vuelto a salir dos textos con un total de 21 medidas. “Las circunstancias que hacían necesario que salieran adelante no han cambiado”, ha justificado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa inusual, pues no suele ser él quien anuncie los acuerdos del Consejo de Ministros. El primero de los dos textos vuelve a recoger el grueso de las medidas planteadas hace ya una semana, aunque incorpora algunas novedades que el anterior decreto no incluía. En concreto, en las medidas encaminadas a facilitar el acceso a la compra de vivienda se concreta que los nuevos préstamos TU CASA del ICO, que pueden llegar hasta los 50.000 euros a un tipo de interés cero, estarán dotados con 10.000 millones de financiación, una cifra que el primer texto no especificaba. El objetivo de esta medida es ayudar a las personas con ingresos estables, pero sin ahorro, a acceder a su primera vivienda en propiedad.

Lo que no aclaran desde el Gobierno es cómo se financiará este mecanismo, solo que “garantizará el crédito para que el Ministerio de Vivienda pueda poner en marcha cuanto antes este programa”. Al no haber Presupuestos Generales del Estado actualizados, pues llevan prorrogados desde 2023, la ley permite al Ejecutivo aprobar créditos extraordinarios o suplementos de crédito para financiar medidas que se consideren inaplazables.

Por otro lado, el nuevo decreto incorpora nuevas ayudas a promotores para impulsar la construcción de vivienda social a través del Fondo de Impacto Social, 400 millones de euros que se suman a los 280 millones en avales ya previstos para fomentar la construcción industrializada. Con el mismo propósito de aumentar la oferta de vivienda, se incluye igualmente como novedad la transferencia de “miles” de inmuebles de la Seguridad Social a la empresa pública Casa 47, para convertirlos en viviendas de alquiler asequible y ponerlos a disposición de la ciudadanía.

Prohibición de comprar a grandes tenedores

Este primer decreto también endurece las limitaciones a la compra especulativa de vivienda. El texto aprobado hace una semana ya prohibía hasta el 31 de diciembre de 2028 a cualquier entidad dedicada a la adquisición de inmuebles la compra de viviendas por un precio inferior al 70% de su valor de tasación, salvo excepciones como su uso para vivienda social o asequible. Ahora esa restricción se amplía explícitamente a las personas jurídicas que tengan la condición de gran tenedor, es decir, que posean más de diez inmuebles —o cinco en aquellas comunidades que hayan endurecido esta definición—.

Por otro lado, se refuerza la protección a los inquilinos exigiendo que a la hora de anunciar un piso de alquiler se indique qué rango de precios fija para esa vivienda el índice de referencia del Ministerio, cuál es el límite de renta si está en una zona tensionada y si el arrendador es un gran tenedor.

Estas modificaciones se incorporan al paquete de iniciativas ya puesto sobre la mesa la semana pasada en este primer decreto, como son la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler que estén a punto de finalizar y la limitación de las subidas de precios en la actualización anual de los contratos, la regulación del alquiler temporal y de habitaciones y las bonificaciones fiscales a inquilinos y a caseros que bajen precios. La suspensión de los desahucios a personas vulnerables también se mantiene, con un pequeño cambio en favor de los pequeños propietarios: la administración correrá, además de con las rentas impagadas, con posibles costas procesales e intereses moratorios. Sánchez ha hecho hincapié en que estas medidas no solo dan “estabilidad” a los inquilinos sino también a los pequeños propietarios.

En el caso del segundo decreto, que es el que regula los contratos de alquiler indefinidos, la novedad está en su entrada en vigor. En esta ocasión, su aplicación se pospone a su convalidación, de manera que si la votación en el Congreso vuelve a ser negativa, no llegaría a entrar en vigor. “No hay una mayoría parlamentaria para poder convalidar eso y, por tanto, lo que hacemos es que la entrada en vigor sea cuando se convalide”, ha reconocido el propio presidente del Gobierno, que, no obstante, ha dicho que el Ejecutivo trabajará para tratar de recabar los apoyos necesarios también para este texto, que pretende implantar el modelo de contratos de alquiler indefinidos, de manera que el propietario tenga que indemnizar al inquilino si decide poner fin a las renovaciones automáticas sin causa justificada.

Votación en la Diputación Permanente

Ahora será la Diputación Permanente quien, en un plazo de 30 días, decida si convalidar o no ambos textos para que sus medidas tengan efectos de forma permanente. Por el momento no hay fecha para esta nueva votación. Este órgano, que es el que mantiene la actividad parlamentaria cuando las Cortes están disueltas, es una especie de Pleno del Congreso a pequeña escala. Se compone de 69 diputados —en lugar de 350— distribuidos en proporción al resultado de las elecciones, pero al ser menos asientos, la aritmética cambia. Aquí la suma de los votos de PP, Vox y Junts no representa mayoría absoluta. El voto en contra de estas tres formaciones y de UPN tumbó el primero de los decretos aprobados hace una semana.

En el segundo se sumó también el ‘no’ de PNV, que dio un “sí crítico” al otro texto. De mantenerse la posición de todos los partidos, el decreto de los contratos indefinidos estaría de nuevo avocado al fracaso y, por tanto, esta vez no llegaría a aplicarse ni siquiera momentáneamente como ocurrió la semana pasada. Sin embargo, el bloque que apoyó el primer decreto ahora suma mayoría en la Diputación Permanente. PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos concentran 35 escaños frente a los 34 de PP, Vox y Junts.

Sánchez ha pedido a las distintas formaciones que apoyen ambos decretos. A su juicio, benefician a las “personas de a pie” y su convalidación no es una “cuestión ideológica” sino de “humanidad”. “Este Gobierno no tira la toalla ni deja tirada a la gente”, ha subrayado el presidente del Gobierno, que ha lamentado que el viernes pasado el Congreso “diera la espalda a la calle” y ha reconocido que “estas medidas por sí solas no van a resolver” la crisis habitacional. Sánchez ha defendido que “es imperioso intervenir” el mercado de la vivienda, al que ha calificado como “disfuncional”.