El Gobierno aprueba un decreto con medidas antidesahucios y la prórroga de alquileres hasta 2029 y otro, con contratos indefinidos

Casi una semana después del desahucio de Maricarmen, y con la presión social en las calles, el Gobierno ha optado finalmente por aprobar dos decretos sobre vivienda. Uno contiene medidas como la paralización de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 y la prórroga por hasta dos años de los contratos de alquiler que finalicen antes de 2029. Tendría, a priori, el visto bueno de Junts y su convalidación parece más despejada que el segundo, que es el que incluye los contratos de alquiler indefinidos. Esta era una de las exigencias del Sindicato de Inquilinas y de los partidos a la izquierda del PSOE, pero despierta más reticencias de las fuerzas conservadoras. El Congreso celebrará, a petición del Gobierno, un pleno extraordinario este mismo viernes para intentar que ambos decretos se convaliden de manera inmediata.

PSOE y Sumar han apurado al máximo la negociación en torno al bautizado como ‘decreto Maricarmen’ hasta el punto de retrasar una hora la reunión del Consejo de Ministros de este martes. De hecho, todavía faltan por conocerse la letra pequeña de lo aprobado, dado que desde el Gobierno explican que se está ultimando la redacción definitiva de los textos. La fórmula para llegar a un acuerdo ha sido finalmente aprobar no uno, sino dos decretos, desgajando así la renovación automática de los alquileres para que los contratos sean indefinidos. La inclusión de este punto ha sido uno de los grandes escollos de la negociación.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado que el motivo de separar la renovación automática de los contratos de alquiler en un texto aparte responde a que es una incorporación de última hora que no se ha podido negociar tanto como las otras medidas con el resto de partidos. A falta de conocer los detalles, ha señalado que la lógica en la que se inspiran estas renovaciones automáticas son los prórrogas automáticas de los contratos por una duración de hasta 75 años que ofrece la empresa pública de vivienda Casa 47.

El otro decreto, que bebe de un conjunto de medidas que ya pactaron antes del verano PSOE y Sumar, es mucho más amplio. “Es un texto que lleva años de trabajo”, ha asegurado la ministra. Recoge la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030. Rodríguez ha explicado que esta limitación temporal a cuatro años ha sido fruto de la negociación con el resto de partidos, a pesar de que la propuesta inicial del Ministerio era que la suspensión de los desalojos fuera indefinida. El Gobierno ya aprobó una moratoria antidesahucios a principios de año, pero Junts, PP y Vox la rechazaron en dos ocasiones. La ministra ha reconocido que el caso de Maricarmen ha supuesto un impulso para retomar esta medida y ha dicho que España no puede permitirse un “fracaso social” como el que supone el desalojo de una persona de 87 años.

Este texto también prohíbe la compra de viviendas a los fondos buitre hasta el 2028, aunque falta por conocer qué empresas entran dentro de esta restricción. “La ambición no es poner palos en las ruedas a las empresas, sino que no cometan prácticas especulativas”, ha explicado Rodríguez, que ha recordado que el artículo 47 de la Constitución prohíbe que se especule con la vivienda. En este sentido, también se “reordena” el tratamiento fiscal de las Socimis con un gravamen de hasta el 25% en el IRPF para los beneficios no distribuidos y ventajas para las que orienten su inversión hacia la vivienda asequible y no hacia la “especulación”. No se ha incluido la expropiación de inmuebles en manos de fondos buitre que reclamaban Sumar y Podemos. Desde el ala minoritaria del Ejecutivo cuentan con que este asunto se aborde en otro decreto separado más adelante.

El macrodecreto aprobado este martes sí recoge una prórroga de dos años de los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que el inquilino se encuentre al corriente de pago del alquiler. Desde Sumar calculan que esto puede beneficiar a dos millones de contratos. Además, según fuentes de Sumar, se congela el precio del alquiler en la actualización anual de los contratos si la renta ya está por encima del máximo del índice de precios. Para el resto de contratos, las subidas en la actualización anual se topan al 2% hasta al 31 de diciembre de 2027.

En este texto se incluye también la regulación del alquiler de temporada, haciendo que sea obligatorio justificar y acreditar la causa de la duración temporal del contrato para evitar su uso fraudulento. Además, este tipo de contratos no podrán superar los dos años. También se regula el alquiler de habitaciones, pero esta nueva normativa estatal no se aplicará en aquellas comunidades autónomas que ya cuenten con una regulación propia al respecto, como es el caso de Cataluña. Se trata de una excepción que contentaría a Junts, ya que la formación de Carles Puigdemont era especialmente reticente a regular el alquiler de habitaciones a nivel estatal por considerarlo una competencia autonómica.

En cuanto a los alquileres vacacionales, se fija en el 10% el IVA para los pisos turísticos, a pesar de que el Gobierno había prometido elevarlo al 21%. “Forma parte del diálogo que hemos tenido”, ha dicho la ministra de Vivienda, reconociendo que también en este punto han cedido al planteamiento de Junts, que reclamaba igualmente ayudas fiscales para la compra de vivienda y para el pago del alquiler y de la hipoteca, entre otros puntos. También se limita la duración de los alquileres vacacionales a un máximo de 31 días, se habilitan recargos en el IBI en zonas tensionadas y se refuerza el control sobre las plataformas digitales mediante un nuevo régimen sancionador.

En el plano fiscal, el texto incorpora un paquete de bonificaciones fiscales tanto para inquilinos como para propietarios. En el caso de los inquilinos, se establecen una serie de deducciones en el IRPF para aquellas personas cuyos ingresos anuales no superen los 33.000 euros. Según Rodríguez, la norma contempla varias casuísticas que se estima que beneficiarán a 1,6 millones de hogares, aunque todavía se desconocen los detalles. “Habrá familias que se van a ahorrar una mensualidad de rentas de alquiler”, ha avanzado. En el caso de los propietarios, quienes bajen a su inquilino el precio del contrato también se beneficiarán de bonificaciones.

Asimismo, se crean nuevas ayudas para facilitar la compra de una nueva vivienda a través del ICO, con una nueva línea de financiación bautizada como ‘Tu Casa’. “Será un mecanismo de financiación de préstamos para el acceso a una primera vivienda con un tipo de interés al 0%”, ha explicado la ministra, que ha dicho que estos créditos cubrirán hasta el 20% del valor de la vivienda con un máximo de 50.000 euros. El objetivo es ayudar a dar el paso a las familias con un perfil solvente pero que no cuentan con ahorros suficientes para pagar una entrada. También se fortalece el derecho de tanteo y retracto para las personas inquilinas, de manera que tengan prioridad para comprar la vivienda en la que viven.

Igualmente en materia fiscal, se modifica el IVA para la construcción de viviendas protegidas y de promoción pública aplicándosele un tipo superreducido del 4%. También se habilita a los ayuntamientos para aplicar mayores recargos en el IBI a las viviendas desocupadas y se incrementa la tributación de inmuebles vacíos en el IRPF con el objetivo de que salgan más pisos al mercado residencial.

Para que todas estas medidas tengan carácter permanente no basta con su aprobación este martes en el Consejo de Ministros, sino que es necesario que también el Congreso dé el visto bueno a cada uno de los textos y los convalide. Para este trámite existe un plazo de 30 días. Sin embargo, dada la “importancia” de las medidas, el Ejecutivo ha pedido al Congreso que celebre un pleno extraordinario este mismo viernes para que la votación se produzca de manera “inmediata” y se evite así que, si la Cámara Baja rechaza alguno de los textos, su validez momentánea entre la aprobación en el Consejo de Ministros y la votación del Congreso genere una situación de incertidumbre, aunque la ministra de Vivienda tampoco ha sabido concretar cuándo entrarán en vigor los decreto.