Maricarmen seguirá unos días más ingresada en el hospital: “Se va a quedar en observación por los nervios del desahucio”

Maricarmen, la mujer de 87 años y con discapacidad que fue desahuciada este miércoles de la casa en la que vivía desde hace más de siete décadas en Madrid, sigue este jueves en el hospital Gregorio Marañón, donde pasó la noche. Desde el Sindicato de Inquilinas han señalado a 20minutos que la mujer ya ha sido trasladada a planta y que “seguirá varios días en observación debido a los nervios del desahucio y a cómo ha sucedido”.

“Maricarmen está muy cansada, pero se encuentra bien. Está acompañada y quiere seguir alentando a que la gente luche. Por el momento no se plantea que le den el alta”, han indicado las mismas fuentes, que piden respeto para la anciana y para su familia.

Ya el miércoles el Sindicato informó de que su estado de salud era “muy delicado” y que, desde el mes de junio, con los intentos de desahucio previo -este último fue el cuarto-, se había ido deteriorando. Según Fernando de los Santos, portavoz de la organización, la mujer vivió sus últimas horas en su casa “con mucha ansiedad”.

En concreto, Maricarmen fue trasladada este miércoles por efectivos del Samur Social al hospital tras más de siete horas de intervención policial en las que la Policía Nacional desalojó a las decenas de activistas -algunos de ellos acampados desde la noche- que intentaron impedirlo.

Después de que la policía entrara en la vivienda abriendo la puerta con una radial, la anciana octogenaria con movilidad reducida salió de la que era su casa en camilla, camino del hospital Gregorio Marañón, donde se valuó su estado de salud.

La intervención judicial pone fin así a un litigio que arrancó en 2018, cuando el edificio donde se ubica el piso —regulado originalmente bajo un contrato de ‘renta antigua’— fue vendido a la inmobiliaria Renta Corporación y posteriormente transferido a la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. La propiedad exigía a la inquilina un alquiler mensual de 1.650 euros, una cantidad que, pese a ser inferior a los 2.650 euros por los que alquilan otros pisos del mismo edificio, resultaban inasumibles para Maricarmen, que, según allegados, tiene unos ingresos que se limitan a una pensión de 1.450 euros.

El caso de Maricarmen se ha convertido así en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. Su padre firmó en 1956 el contrato de arrendamiento del domicilio. Tras su fallecimiento, el contrato se subrogó primero en su esposa y posteriormente en su hija. Maricarmen mantuvo durante cerca de dos décadas las condiciones de ese contrato de renta antigua, con una mensualidad actualizada cada año conforme al IPC y otros gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

La mujer, que tiene reconocida una discapacidad del 50%, obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, aunque el Tribunal Supremo terminó fallando a favor del inversor. Este era su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasó en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos que apoyan a Maricarmen, trató de incrementar su alquiler un 275%.

Miles de personas protestaron la pasada noche contra el desahucio de Maricarmen en diferentes manifestaciones convocadas en varias ciudades españolas. El Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido una alternativa de alojamiento a través de Samur Social. Sin embargo, fuentes de los servicios sociales municipales han señalado que “ha rechazado la plaza en residencia ofrecida por Samur Social y prefiere alojarse con familiares”.