Madrid acusa a los sindicatos de usar la huelga indefinida de profesores para “tapar la corrupción” de Sánchez y atacar a Ayuso

Un señuelo para distraer la atención de las condenas y casos judicializados cercanos a Moncloa. Así ha definido la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, la huelga indefinida fijada para el 14 de octubre por sindicatos y organizaciones de alumnos y familias en la Comunidad de Madrid. La titular del área cuestiona los motivos planteados para justificar estas movilizaciones. Asimismo, defiende que el Gobierno regional ya trabaja en la reducción de ratios, el refuerzo de las plantillas y la aminoración de las horas lectivas. Por otro lado, se han cuestionado los cupos de alumnos por profesor establecidos en el primer ciclo de Infantil de 0 a 3 años por no contar la medida con respaldo presupuestario. Por ello, desde el Ejecutivo autonómico critican que su aplicación podría suponer el cierre de centros educativos.

“Es una huelga política contra Ayuso. Su propósito es reventar las calles de Madrid y así tapar los graves sucesos que están ocurriendo en España, donde tenemos dos presidentes del gobierno acorralados por la corrupción”, ha expresado Zarzalejo este jueves. Estas declaraciones se producen después de que este miércoles se marcase en el calendario octubre como el inicio de la huelga indefinida. La reducción de horas lectivas, la bajada de ratios, el refuerzo en la atención a la diversidad, el incremento salarial o las inversiones en los centros y climatización son las reivindicaciones que se trasladarán a la Comunidad de Madrid.

La decisión adoptada contó con el respaldo de 16 plataformas, entre asociaciones de padres, alumnos y sindicatos. Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) fueron los principales impulsores de esta huelga, que ya se anunció a finales de mayo, a falta de concretar las fechas. Desde la Consejería destacan que estas asociaciones promuevan estas movilizaciones cuando hace un año firmaron un acuerdo para implantar en Secundaria las 18 horas lectivas, reforzar la plantilla de maestros o mejorar los permisos y licencias, entre otros asuntos. “La orden que han recibido es hacer una huelga política contra Ayuso y contra Madrid. Lo más lamentable es que toman como rehenes a las familias y a los alumnos de la región”, ha comentado Zarzalejo.

Desde el comité de huelga formado se justificó la necesidad de adoptar este parón indefinido en los colegios e institutos de Madrid por el “deterioro sistemático y sostenido de las condiciones laborales y pedagógicas”. Así, se considera un agravio que los docentes de la Comunidad cobren menos que en otras regiones cuando la región tiene la mayor renta per cápita de España y uno de los costes de vida más elevado. Por otro lado, se estima que la reducción del número de alumnos debe ir equiparada con la creación de nuevos centros y se debe bajar aún más la ratio. Una vez anunciada la fecha de la huelga, las plataformas preparan una carta donde recoger sus peticiones para que la Comunidad de Madrid las valore y se siente a negociar antes de iniciar los paros.

La titular de Educación ha expuesto que están reivindicando “una ratio por debajo de lo que la ministra de Educación anunció como algo histórico. Por lo cual todo parece pensar que esas reivindicaciones habría que hacerlas a nivel nacional”. Sin embargo, a pesar de este planteamiento, Zarzalejo ha añadido que no espera que CC OO y UGT carguen contra la Administración central. Además, sobre las líneas de diálogo ha zanjado que en la actualidad ya hay encuentros periódicos con los sindicatos mayoritarios para abordar los puntos alcanzados en el último acuerdo sectorial.

Durante sus declaraciones, Zarzalejo también ha valorado la reducción de ratios anunciada por el Gobierno central en los centros de 0 a 3 años. En su opinión, esta medida debe ir acompañada de fondos para que tanto las autonomías como las empresas puedan aplicarla de forma efectiva. “Esto puede conllevar, y así lo han manifestado las dos grandes patronales del sector, el cierre del 100% de las escuelas infantiles privadas. Esto supone que más de 226.000 familias se quedarían sin plaza educativa y más de 60.000 educadoras podrían acabar en la calle”, ha precisado. La consejera ha criticado que el Ministerio no se haya reunido con las empresas y comunidades para negociar esta medida. “Estos anuncios a bombo y platillo como cortinas de humo para tapar los graves sucesos”, ha añadido.