La odisea de 24 familias británicas que compraron casas ilegales en Murcia: “Todos los obreros habían desaparecido”

Un grupo de 24 familias británicas ha denunciado la situació que viven tras haber comprado hace más de 20 años viviendas en la Región de Murcia que resultaron no estar legalizadas y en las que, en algunos casos, han perdido sus ahorros.

El Daily Mail recoge en un reportaje este sábado el caso. En 2003, 24 familias británicas compraron viviendas en una urbanización de nueva construcción en la pedanía de Gea y Truyols, a media hora de Murcia ciudad.

Sin saberlo, las familias habían adquirido viviendas en una urbanización ilegal, tras haber recibido garantías del agente inmobiliario y del constructor de que todo estaba en regla.

Los residentes afirman que han sido expulsados de sus hogares y obligados a gastar miles de euros en litigios y reformas. En algunos casos, no les ha quedado más remedio que regresar a Gran Bretaña y mudarse con familiares tras agotar sus ahorros.

Entre los afectados se encuentra Anne, quien se mudó a España desde Ashington, Northumberland, con su esposo David tras recuperarse de un cáncer de mama. “Mi marido y yo aceptamos la indemnización por despido y vendimos nuestra casa para empezar una nueva vida en España”, dice Anne.

“Realizamos controles exhaustivos de la empresa, tomamos copias de sus pasaportes y todo parecía estar en regla”, agrega.

Durante meses, los compradores creyeron que la construcción avanzaba con normalidad. Pero cuando viajaron para ver cómo estaban sus futuras casas, muchos encontraron el lugar desierto, con las viviendas con el aspecto de un “agujero en el suelo”, como lo describió un vecino.

“Tras realizar el primer pago, fuimos a ver cómo avanzaba la obra, pero nos encontramos con que todo el recinto estaba precintado y todos los obreros habían desaparecido“, agrega Anne.

Los afectados afirman que poco a poco se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. La infraestructura básica, incluyendo electricidad, agua corriente y límites de las parcelas, nunca se había completado, a pesar de que muchos ya habían pagado casi el precio total de compra.

“Pronto se hizo evidente que todo el terreno era una construcción ilegal, sin que se hubieran terminado las instalaciones de agua, electricidad, parcelas ni linderos“, añade otra pareja afectada, John y Alice.

Acusan al promotor de “haber falsificado documentos para afirmar que había comprado el terreno, además de muchas otras mentiras, y había presentado una copia falsa de una traducción al inglés”.

Los residentes afirman que, en lugar de finalizar la construcción, el constructor exigió repetidamente más dinero. Anne dice que pidió que le devolvieran su dinero, pero la agencia le advirtió que perdería todo lo que ya había pagado. “No podíamos permitirnos perder el dinero, así que, tontamente, hicimos los dos pagos siguientes”, dice Anne.

Con la construcción paralizada, muchos se encontraron pagando hipotecas, alquileres y gastos de almacenamiento mientras sus casas parecían estar cada vez más cerca de terminarse. Muchos acabaron pagando costes adicionales simplemente para poder utilizar la propiedad.

Los residentes tuvieron que buscar sus propios suministros de electricidad después de que se cortara la conexión temporal del constructor, mientras que los repetidos intentos de legalizar la construcción a través de abogados no dieron resultado.

John y Alice dicen que pagaron miles de euros de su propio bolsillo por un depósito de agua, un sistema séptico y una conexión eléctrica simplemente para poder pasar allí sus vacaciones.

Más de una década después de haber comprado sus casas, las cosas empeoraron aún más cuando los residentes descubrieron que el promotor original había vendido el proyecto a otro empresario, que según los residentes, emprendió una campaña de intimidación para obligarlos a abandonar las casas que habían intentado salvar durante años.

En algunos casos, el nuevo dueño cambió cerraduras, levantó muros e instaló una puerta metálica para impedir a los primeros propietarios acceder a las casas. Algunos que permanecían allí recibieron la visita de una empresa privada especializada en el desalojo rápido de ocupantes ilegales, para asustar a los residentes y obligarlos a marcharse.

Más de dos décadas después de comprar las que creían que serían las casas de sus sueños, muchos de los propietarios originales afirman haberse quedado sin nada. Algunos han fallecido, mientras que otros han regresado a Gran Bretaña tras agotar sus ahorros en gastos legales y reparaciones.

John y Alice afirman haber pasado años luchando en los tribunales españoles, pagando a un abogado tras otro con la esperanza de recuperar su propiedad, sin éxito. “Estamos absolutamente devastados”, dicen.

Actualmente, solo una de las familias británicas originales permanece en la urbanización.