La jueza María Tardón no está satisfecha con las respuestas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a la lista de preguntas que trasladó a este organismo el pasado 11 de septiembre. Hay tres cuestiones que han quedado en el aire ante la “escueta respuesta” de los servicios de inteligencia españoles, y la magistrada de la Audiencia Nacional ya ha dado el paso para solventarlo: reclamar al Consejo de Ministros la desclasificación de nuevos informes del CNI.
Entre otros asuntos, considera “imprescindible” conocer la identidad de dos agentes del Centro que avisaron a la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno en Ceuta de la convocatoria masiva para cruzar la frontera desde Marruecos a finales de julio. El objetivo es tomarles declaración como testigos, según expone la magistrada en una resolución dictada este martes.
El Gobierno tiene 15 días para desclasificar todos los informes del CNI sobre la crisis de Ceuta en los términos acotados por María Tardón, que los ha reclamado con un triple objetivo: “Determinar qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio de 2026”, “qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información” y “cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos”.
Este mismo objetivo perseguía cuando mandó un cuestionario al CNI, a modo de requerimiento, en busca de respuestas. La magistrada preguntó a los servicios de inteligencia por las “personas, organismos e instituciones” a los que el Centro trasladó información sobre lo sucedido en Ceuta, incluyendo detalles del “momento” y el “procedimiento empleado” para comunicarse. El CNI contestó el 14 de octubre, exponiendo una información que ya se conocía desde que el Ejecutivo decidió desclasificar varios documentos el 8 de septiembre.
El escrito del Centro confirma que contactó con el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, ya dimitido, y con la Guardia Civil. Sin embargo, ni reveló la identidad de los miembros del CNI que llevaron a cabo los contactos ni la del destinatario del Instituto Armado. “Ello impide conocer la identificación de tales funcionarios a los que esta instrucción debe poder llamar a declarar, puesto que su testimonio resulta esencial para su esclarecimiento”, dice la magistrada de la Audiencia Nacional.
Los reproches no acaban aquí. El CNI le dijo a la jueza que las dos notas que emitió el 27 y el 30 de julio, desclasificadas por el Gobierno, se difundieron “a las autoridades” y “organismos correspondientes”, sin detallar cuáles fueron. “No identifica a sus destinatarios concretos ni la fecha y hora de envío y de recepción”, protesta la instructora, y lamenta que tampoco se haya dado más información sobre los documentos “similares” que se enviaron en los días posteriores.
Tampoco han contentado a la magistrada las explicaciones dadas por el CNI sobre su relación con los servicios de inteligencia de Marruecos. El Centro se limitó a decir que “mantiene un flujo de intercambio frecuente” con la Inteligencia marroquí, a la que remitió más de 20 notas. Solo remitió una de esas notas, “cuyo contenido, además, aparece censurado con los mismos tachones que presentaba cuando se incorporó a la documentación desclasificada en el Consejo de Ministros”.
Tardón considera que esta respuesta es insuficiente y por eso ha pedido específicamente que se desclasifiquen estas notas enviadas a los servicios de inteligencia de Marruecos, así como las respuestas obtenidas “durante todo el mes de julio y hasta el momento en que se reciba la presente solicitud”.
En último lugar, la jueza no está conforme con los datos que ha aportado el CNI sobre las investigaciones e informes elaborados en los últimos meses, tras la entrada masiva de migrantes. El Centro reconoció que ha seguido indagando en lo sucedido e informando a “las autoridades”. Pero no identificó ni remitió “ninguno de esos informes”, para descontento de la magistrada Tardón, que había hecho una “petición expresa”.
“El informe que el Centro Nacional de Inteligencia ha hecho llegar a este órgano judicial no ofrece una respuesta completa a todas las cuestiones formuladas, todas ellas de absoluta relevancia para el buen fin de la investigación”, resumió la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 en su escrito dictado este martes.

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