Es el peor de los tiempos para el Gobierno PSOE/Sumar y, paradójicamente, también el menos malo de los momentos para convocar elecciones. O esto último, al menos, ha creído el presidente Sánchez, que ha decretado el final abrupto de la legislatura con un adelantamiento electoral que hace honor a su fama de incumplir sus anuncios.
No habrá gobierno hasta 2027, contrariamente a lo que ha repetido hasta la saciedad. Cada vez que decía que la legislatura duraría cuatro años, más intensa se hacía la sensación de que no sería así. Porque Sánchez cultivaba su aura de resistente, pero al final ha pasado lo esperable: en minoría parlamentaria: sin presupuestos toda la legislatura; con la crisis de Ceuta abierta en canal; cercado por complejos casos judiciales, con la carcoma de la corrupción en el corazón de su Gobierno y su número 3, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel, al presidente solo le quedaba alargar la agonía política o llamar a las urnas.
La sobredosis de decretos que ha marcado esta convulsa legislatura llegó a su fin el viernes pasado con el varapalo asestado por Junts a los textos sobre vivienda presentados precipitadamente para contener el malestar social. Que Sánchez iniciara su presidencia por voluntad de Puigdemont y que la termine cuando el político —prófugo durante casi una década e inminente amnistiado— ha bajado el pulgar tiene su lógica, aunque sea perversa. El presidente encara el otoño político despojado del escudo del relato, enfrentado a la verdad de las urnas, dispuesto a dar la batalla aunque el escenario tenga una luz crepuscular.
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