Casi 1,2 millones de inmigrantes han solicitado la regularización extraordinaria en los dos meses y medio que ha estado en vigor la medida. Según confirman fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ejecutivo ha registrado un total de 1.174.978 peticiones, una cifra que duplica las previsiones iniciales del Gobierno, que, cuando aprobó el decreto, calculó en poco más de medio millón de beneficiarios. De ese total, ya se han concedido, al menos provisionalmente, más del 52% de las peticiones, que se han registrado en mayor medida en Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. El perfil provisional que dibujan los primeros datos es el de un solicitante joven (el 81% tiene menos de 45 años) y procedente mayoritariamente de países de América Central y del Sur (el 67%) o de África (el 22,9%).
El martes se cerró el plazo para presentar las solicitudes de la regularización —la más numerosa de las siete que se han impulsado en democracia—, que otorga un permiso de trabajo y residencia de un año a todos los inmigrantes ‘sin papeles’ que pudieran demostrar que ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar que habían permanecido en el país durante al menos cinco meses. El único requisito era no contar con antecedentes penales, para lo cual el extranjero debía solicitar un informe a su país de origen.
Para el Gobierno, que finalmente se haya registrado tal volumen de solicitudes demuestra la urgencia de la medida. “Pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y esperanza”, ha celebrado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en un vídeo remitido a los medios. Según ha detallado, actualmente ya hay más de 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las solicitudes presentadas. “Este es un dato muy importante, porque conviene recordar que en este procedimiento la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el territorio nacional”, ha destacado. Fuentes de su departamento calculan que a la vuelta de verano ya se habrán resuelto todos los expedientes.
Concretamente, y según los datos aportados por el ministerio en una rueda de prensa, casi ocho de cada diez solicitudes de autorización se han tramitado por la vía del arraigo extraordinario, mientras el 20% corresponde a los solicitantes de protección internacional. A 2 de julio de 2026, hay registrados 609.737 expedientes en fase de tramitación; y la cifra de inmigrantes que ya han recibido una notificación positiva hasta ahora, es de unos 11.000 migrantes que ya tendrían concedido el permiso definitivo sin tener que presentar ningún tipo de documento extra. “Toda persona que ha presentado una solicitud tendrá una notificación de resolución definitiva. No va a jugar el silencio negativo”, ha recalcado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.
Menos de 45 años y de Colombia, Marruecos y Venezuela
En cuanto al perfil demográfico, estas primeras cifras revelan que hay cierta paridad entre los solicitantes: el 57% son hombres y el 43%, mujeres. Una diferencia que disminuye incluso entre los solicitantes de protección internacional y que se iguala en la franja de 45 a 54 años.
El balance permite dibujar también un perfil de los inmigrantes que han querido optar por esta regularización extraordinaria para poner en regla su situación administrativa. Ocho de cada diez tienen menos de 45 años, siendo la franja de los 25 a los 34 años la más numerosa (21,2%), seguida de la de los 35 a los 44 años (21,6%), y de la de los jóvenes de 16 a 24 años (17%). Hay, además, un 11,1% de solicitantes menores de 15 años.
Por origen, América Latina concentra tres de cada cuatro solicitudes, mientras los africanos representan casi una de cada cuatro. El balance del ministerio aporta datos también por países, y constata lo que se había previsto al inicio del procedimiento: casi el 26% de los solicitantes son de Colombia, que es la nacionalidad mayoritaria, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%), Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%), Argelia (3,4%), Senegal (2,9%), Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3%).
El 50% de las solicitudes concentradas en cinco provincias
Por provincias, el mapa del Gobierno refleja que el 50% de las solicitudes se han concentrado principalmente en cinco: Madrid (17,2%), Barcelona (16,3%), Valencia (6,3%), Alicante (6,2%) y Murcia (3,85%)
En esa línea, Cataluña ha sido la comunidad autónoma donde se ha registrado un mayor número de peticiones, con 257.602 solicitudes, estando el grueso en Barcelona (192.195) y muy por delante de Tarragona (27.214), Girona (22.701) y Lleida (15.492). En la Comunidad de Madrid, la segunda más numerosa, se han recibido 167.286 solicitudes. Por detrás, en el tercer puesto, se sitúa la Comunidad Valenciana, con 167.286 solicitudes, que suman las 74.951 de Valencia, las 73.245 de Alicante y las 19.090 de Castellón. Andalucía ha recibido 161.557 peticiones de regularización, que se concentran sobre todo en Málaga (39.899), Sevilla (33.690), Almería (32.638) y Granada (16.629).
El resto de autonomías registran datos significativamente inferiores, como Castilla-La Mancha (53.041); País Vasco (49.451); Región de Murcia (45.242); Castilla y León (39.981); Galicia (38.747); Canarias (37.525); Baleares (34.166); Aragón (33.865); Navarra (14.886); Asturias (14.161); Extremadura (9.634); Cantabria (8.767); La Rioja (6.448); Melilla (743) y Ceuta (452).
Más de 159.000 solicitantes ya están dados de alta
El balance del Ejecutivo también da información sobre cómo este proceso, que concede permiso de trabajo, se está reflejando ya en el mercado laboral español. La mera admisión a trámite de una solicitud ya concede un permiso para residir y trabajar en España, lo cual significa que esos más de 600.000 expedientes que se encuentran actualmente en tramitación corresponden a extranjeros que ya pueden trabajar legalmente en el país. Según las cifras, a 30 de junio había 159.097 personas con autorización provisional para trabajar dadas de alta en la Seguridad Social. El grueso de ese colectivo, según ha explicado el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, está afiliado dentro del Régimen General, es decir, son asalariados. El resto se ubica en grupos más pequeños, dentro del de autónomos, por ejemplo, no llega al 5%, en el especial agrario es de un 8% del total y en el del hogar en torno a un 4%.
Además, de esas personas que ya trabajan legalmente en España, 102.649 (es decir, el 77,3%) lo hacen con un contrato indefinido, que en más de la mitad de los casos es a tiempo completo. Los contratos temporales representan el 22,7% restante (30.101), de los cuales el 61,2% es a tiempo completo y un 37,2% a tiempo parcial. Por secciones de actividad, uno de cada cuatro inmigrantes en proceso de regularización está trabajando en hostelería, que es el sector en el que se aglutina la inmensa mayoría. Le siguen el comercio (12,7%): las actividades administrativas y servicios auxiliares (12,1%); la construcción (11,5%); la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (9%); y la industria manufacturera (6%).
Dos de cada tres poseen educación postobligatoria
Hay, también, datos que reflejan que ocho de cada diez personas regularizadas tienen “competencia lingüística plena”: el 66% son hablantes nativos, lo cual encaja con la proporción de inmigrantes procedentes de América Latina, y el 18% tiene un nivel alto. Hay otro 7% en nivel medio y un 9% en nivel básico. Además, en las comunidades autónomas con lengua cooficial, el 40% conoce la lengua.
Por nivel de formación, dos de cada tres, el 67%, posee educación postobligatoria (el 43% en nivel de Bachillerato o Formación Profesional y un 24% educación universitaria). Luego hay un 33% que tiene educación obligatoria: el 18% educación secundaria, un 5% solo primaria y un 10% no tiene estudios.

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