Hace apenas quince días los mentideros políticos especulaban sobre cuándo Pedro Sánchez convocaría elecciones. Dos semanas atrás nadie apostaba por unos comicios generales antes de febrero o marzo y no eran pocos los que pensaban que alargaría la legislatura al mes de julio o la estiraría incluso al invierno del 27.
El lunes pasado a las nueve de la mañana, Sánchez anunció la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones legislativas para el domingo 29 de noviembre. Un giro copernicano en la política nacional que no habría ocurrido de no producirse un hecho puntual de extraordinaria resonancia en la opinión pública española.
La salida en camilla de una anciana de 87 años a la que sacaron de su casa después de tres intentos fallidos de desahucio causó un impacto tan brutal en la opinión pública que nada ha vuelto a ser igual en España desde entonces. Manifestaciones, acampadas y todo el foco mediático, que estaba centrado en Ceuta, pasó de súbito de la indignación generalizada por el desamparo de una anciana inválida, la insoportable subida de los alquileres y la imposibilidad de millones de jóvenes y no tan jóvenes de acceder a una vivienda donde montarse una vida.
Algunos llevamos años advirtiendo de que el habitacional era con diferencia el problema más grave de este país y que las administraciones públicas parecían no querer enterarse. Con la ley en la mano han tenido que sacar en camilla a una anciana de la casa en que vivía desde hace más de 70 años, para que estallara el polvorín en el que nuestra clase política fue acumulando indolencia, inoperancia e insensibilidad social.
A Mari Carmen llevaban ocho años presionándola para que dejara la casa que Urbagestión compró por 240.000 euros y que ahora roza el millón a precio de mercado. Es verdad que apenas pagaba 500 euros mensuales en una zona próxima al Retiro, pero quienes le apretaban las tuercas sabían que los más de 1.600 euros al mes que le exigían estaban muy por encima de las posibilidades de alguien que cobraba 1.450 de pensión. Lo ganaron en los tribunales y, según cuentan, no hubo manera de negociar un arreglo que evitara el bochorno. Los propietarios del inmueble no cedieron ni cuando surgieron donantes dispuestos a pagarles la diferencia.
Querían echarla a toda costa y no calibraron el tremendo quebranto reputacional que se les venía encima. Ricardo Alonso y Fernando Alonso, dueños de Urbagestión, no querían que les confundieran con los llamados “fondos buitres”, y en realidad no lo eran, aunque su proceder apenas difería del de esos fondos a los que no se les pone cara y ojos. Cinco días después de echar a Maricarmen, les temblaron las piernas y acordaron que la anciana volviera a su casa pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos, poco más de lo que pagaba hasta ahora.
Todo, sin embargo, lo que el caso había desatado seguía en marcha. Los decretos ‘Maricarmen’ caían con estrépito en el Congreso, las protestas subían de tono y el presidente del gobierno apretaba finalmente el botón electoral. Hay una huelga general convocada para el 11 de noviembre, horas antes de que arranque la campaña.
En plena movilización anteayer por la tarde saltaba la noticia que deja en precario a quienes difamaron a Maricarmen con toda suerte de bulos y despiadados improperios: la anciana moría en el hospital Gregorio Marañón. Una conmoción que intensifica el estado emocional, certificando su nombre como símbolo de la causa por la vivienda. En el número 46 de la calle Sainz de Baranda deberían poner una placa: “Aquí vivió Maricarmen hasta que la echaron de casa. Aquí cambió todo”.
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