Universidades, FP o ratios educativas: el Gobierno acelera para sacar del cajón decretos pendientes antes del 29-N

Queda poco más de un mes para la llamada a las urnas, cinco semanas en las que el Gobierno pisará el acelerador legislativo para aprobar, in extremis, algunas de las normas que tenía pendientes antes del adelanto electoral. Ninguna ley, pues las Cortes están disueltas desde que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convocó elecciones, por lo que el Consejo de Ministros impulsará sus medidas únicamente a través de decretos, que son la única fórmula permitida por la Constitución para legislar en estas circunstancias. Así lo apuntan fuentes de la Moncloa, que aseguran que seguirán aprobando decretos hasta el último día porque defienden que esta es una vía legal y avalada por la Abogacía del Estado.

De este modo, en los ya bautizados como “martes sociales”, se rescatarán del cajón, seguro, medidas educativas—como la reducción de las ratios en Infantil o el coto a las universidades privadas— y también del Ministerio de Consumo, como el decreto de comedores en residencias y hospitales. Luego hay otros textos con un futuro más incierto, como la prestación universal por crianza, que dependerá del transcurso de las negociaciones entre los socios del Gobierno, PSOE y Sumar.

Sin ir más lejos, este mismo martes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el decreto que regulará la alimentación que se sirva en los comedores y cafeterías de hospitales, residencias, museos, bibliotecas y escuelas infantiles de 0 a 3 años. La norma pretende garantizar una oferta de alimentos saludables y reducir al mínimo los productos ultraprocesados y azucarados, con medidas como que el 90% de las frutas y verduras sean frescas y de temporada, además de un 10% de producción ecológica y procedente de circuitos cortos.

Tres decretos educativos

Sin fecha todavía en el calendario están varias normas de educación, como el decreto que pone coto a la creación de universidades privadas, una iniciativa que tumbó el Tribunal Supremo el pasado 8 de octubre y que la Moncloa rescatará ahora con los mismos requisitos que el texto inicial. El alto tribunal anuló la norma porque consideró que la tramitación por urgencia a la que se recurrió el año pasado, y que elimina la obligación de someter el texto a consulta pública, no estaba “debidamente justificada”. Pero apenas horas después de conocerse el fallo, el propio Pedro Sánchez avanzó que volvería a intentarlo y el Ministerio de Ciencia y Universidades inició hace unos días el trámite de audiencia pública sobre la norma, que no tardará en aterrizar en el Consejo de Ministros sin haberse tocado una coma.

En esa línea irá también otro decreto que pretende acabar con los “chiringuitos educativos” de la Formación Profesional (FP). La norma presentada a finales de septiembre por la ministra de Educación, Milagros Tolón, restringirá la modalidad online, asegurará que los centros dispongan de un mínimo de ciclos formativos para ofertar en varias familias profesionales e impulsará una disminución progresiva del número de alumnos por docente en las aulas de esta vía educativa en auge.

Del departamento de Tolón saldrá también la reducción de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil. El real decreto que prevé aprobar el Gobierno antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre reduciría la relación alumno-profesor hasta cuatro alumnos por educadora en el tramo de 0-1 años, seis alumnos en 1-2 años y ocho alumnos en 2-3 años. Una medida cuanto menos significativa, sobre todo teniendo en cuenta que la comunidad educativa está en pie de guerra en la capital. Había también una ley similar tramitándose en el Congreso de los Diputados, que pretendía reducir las ratios y las jornadas de los docentes de Primaria y Secundaria y que, sin embargo, no podrá rescatarse pues se trata de un proyecto de ley que ha caducado con el adelanto electoral.

Medidas en negociación

Por ahora, estos son los decretos que el Ejecutivo aprobará a ciencia cierta a lo largo del próximo mes. Ninguno de ellos tiene rango de ley, con lo cual ni siquiera hará falta que sean convalidados en la Diputación Permanente, el órgano de las cámaras parlamentarias encargado de mantener la actividad legislativa cuando las Cortes están disueltas.

Están en el aire otras normas pendientes, como la prestación universal por crianza, una promesa electoral de Sumar desde el inicio de la legislatura. Fuentes del departamento de Derechos Sociales confirman a 20minutos que está habiendo “negociaciones” en el seno del Gobierno para sacar adelante esta ayuda, que se concedería a todas las familias con hijos menores de edad, sin requisitos.

Además, fuentes parlamentarias aseguran que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), está presionando en el Ejecutivo para recuperar la ley que buscaba conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos en España antes del 29 de septiembre de 1977 y que cayó por el sumidero de la legislatura justo antes de ser aprobada definitivamente por el Senado. El texto, en este caso, no sería el mismo que el de la proposición de ley que beneficiaría a más de 80.000 ciudadanos, pero sí podría impulsarse vía decreto ya que la nacionalidad se concede por carta de naturaleza y no concurre como ley orgánica.

De igual modo, el Ministerio de Juventud e Infancia está manteniendo “conversaciones” en el seno del Gobierno, aunque no avanzan cuáles serán las normas que priorizarán para sacar adelante en este tiempo de descuento hasta las elecciones generales. El departamento que dirige Sira Rego también ha sufrido en primera persona cómo uno de sus proyectos estrella —la ley de protección a los niños en el entorno digital que pretendía prohibir las redes sociales a los menores de 16 años— caía en saco roto por el adelanto electoral, pero quedan tareas pendientes en la recámara que sí podrían salir adelante. El decreto que pretende regular los centros de acogida, por ejemplo, la norma que busca priorizar siempre la acogida familiar o la creación de un registro de violencia en la infancia son solo algunos de ellos.