El Pleno del Tribunal Constitucional que se celebra esta semana debatirá sobre la admisión a trámite del recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’. Asimismo, el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido decidirá si admite la medida cautelarísima solicitada por el Defensor del Pueblo: dejar sin efecto la suspensión del derecho a sufragio que afecta a 160.000 personas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El asunto se iba a resolver en principio en la Sala Segunda del Constitucional, pero la sección cuarta ha acordado dejarlo en manos del Pleno dada la trascendencia del asunto. El Pleno, conformado por una mayoría progresista de siete magistrados y otros cinco del bloque conservador, debe decidir en primer lugar si procede admitir el recurso presentado por Ángel Gabilondo. El magistrado ponente, el conservador Enrique Arnaldo, propondrá inadmitir el recurso del Defensor del Pueblo, de acuerdo con las conclusiones del informe que han elaborado los letrados del órgano, según fuentes del Constitucional.
La clave es determinar si se trata de un recurso prematuro. La ley dicta que tan solo se puede acudir al Constitucional cuando se hayan agotado las vías de la jurisdicción ordinaria. El Tribunal Supremo aún no ha concluido el procedimiento, pues está abierto el plazo para que se personen los posibles perjudicados (los nacionalizados por la ley de nietos). Sin embargo, los autos en los que el Supremo ha acordado suspender el derecho al sufragio de los españoles nacionalizados a través de esta norma son firmes, según defiende el Defensor del Pueblo, de forma que no son recurribles en la jurisdicción ordinaria.
El ponente del Constitucional considera que si se admitiese el amparo de Gabilondo se estaría tramitando paralelamente al recurso ordinario del Tribunal Supremo, dando pie a una “simultaneidad” que “no es posible”. “Los afectados [por la decisión del Supremo respecto de la ley de nietos] pueden comparecer hasta el viernes en el Supremo para hacer valer sus derechos, también respecto de la medida cautelar adoptada”, razonan fuentes del Constitucional.
El origen de la controversia que llega ahora al Pleno del Constitucional está en la ley de nietos aprobada en 2022, que otorga derecho a la nacionalidad española a los extranjeros descendientes de españoles exiliados políticos de la guerra civil y el franquismo. Aprobada la norma, el Ministerio de Justicia tuvo que determinar cómo se certifica la condición de exiliado. La encargada fue la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente. A través de una instrucción dictada en octubre de 2022, Puente estableció que se presumirá dicha condición a todos los españoles que salieran del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esta instrucción es el objeto de la controversia judicial que debe resolver el Tribunal Supremo.
El 8 de septiembre, el Supremo decidió paralizar cautelarmente el derecho a voto de los nacionalizados a no ser que acrediten documentalmente que sus antepasados tuvieron que exiliarse y perdieron la nacionalidad por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual. Dicha suspensión se mantendría vigente hasta que el Tribunal Supremo resuelva sobre el fondo del asunto.
El paso que dio el Supremo implica que solo se permite la inscripción en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) a quienes certifiquen que sus antepasados se exiliaron por motivos políticos. El tribunal ordenó a la Junta Electoral Central (JEC) que requiera esta documentación acreditativa a los encargados de los registros consulares.
A juicio del Defensor del Pueblo, las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo generan “una situación ex novo, como es la suspensión del ejercicio del voto activo de ciudadanos nacionales que gozan de un derecho adquirido, lo cual genera una indudable inseguridad jurídica”. El recurrente destaca la “relevancia constitucional” de lo que plantea, dado que está en juego la “irreversible lesión del derecho fundamental del sufragio activo”.
Alerta además de que “las medidas acordadas” pueden servir de “precedente para introducir restricciones en un derecho tan importante como el del sufragio activo y participación política”.
En uno de los párrafos de su recurso, Gabilondo expone con precisión el debate que deberá abordar el Constitucional si admite a trámite su escrito: se trata de determinar “si una medida cautelar orientada a proteger frente al riesgo eventual de un censo irregularmente constituido puede suspender de forma generalizada el derecho concreto al sufragio activo de ciudadanos españoles cuya nacionalidad sigue siendo plenamente válida y no ha sido formalmente anulada“.
El Defensor del Pueblo no considera viable que el Tribunal Supremo deje en manos de los nacionalizados por la ley de nietos la responsabilidad de acreditar, antes de las elecciones, que sus padres o abuelos españoles tuvieron que exiliarse de España por motivos políticos derivados de la guerra civil y el franquismo.
En su escrito, Gabilondo expone que “por razones de ineficacia administrativa” y por “los problemas de funcionamiento de los consulados”, “no parece que esta vía pueda ofrecer frutos cuantitativamente importantes en las próximas fechas”. Y advierte: “Esto significará la pérdida del derecho al voto de personas cuya adquisición de nacionalidad ni siquiera es objeto de controversia judicial (quienes adquirieron la nacionalidad sin acogerse a la presunción de la instrucción del 25 de octubre de 2022)”.
Albares ve “muy difícil” hacer las comprobaciones
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expuesto este lunes que será “muy difícil” para los consulados comprobar cuáles de los nacionalizados en virtud de la ley de nietos son descendientes de exiliaros antes de la convocatoria de comicios del 29 de noviembre. El ministro ha afirmado que se dieron instrucciones “muy precisas” a los consulados en cuanto se conoció la resolución del Tribunal Supremo.
No obstante, Albares considera que el proceso no se completará “por lo menos hasta enero”, pese a que “se están poniendo todos los medios”. Durante una comparecencia en Telecinco, ha reclamado a PP y Vox que frenen sus ataques, dado que “está en juego la profesionalidad y la honorabilidad de los cónsules y de todos los funcionarios del Servicio Exterior”.
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