Solo 901 de los 163.355 nacionalizados a través de la ‘ley de nietos’ acreditan ser descendientes de exiliados

Solo 901 de 163.355 personas nacionalizadas por la ‘ley de nietos’ han podido acreditar su condición de descendientes de exiliados en los términos en los que lo exigió el Tribunal Supremo tras suspender cautelarmente el derecho a voto de todos los beneficiarios de esta norma, según confirman fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a 20minutos. Un dato que representa apenas el 0,55% de la lista entregada por el Gobierno este miércoles, día en el que vencía el plazo que dio el alto tribunal para que identificase a los electores nacionalizados al amparo de esta medida y que, por ahora, tienen suspendido su derecho al voto para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La lista nominal —que también ha enviado al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la Junta Electoral Central (JEC)— recopila el total de personas afectadas por la suspensión del derecho al voto CERA (españoles residentes en el extranjero) con el auto del Supremo, que el pasado 8 de septiembre decidió suspender de manera cautelar su inscripción en el Censo Electoral tras estimar parcialmente los recursos de Iustitia Europa y Vox.

En su fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo retiraba el derecho de estas personas a votar en los próximos procesos electorales, al menos hasta que resolviera sobre el fondo del asunto, a no ser que pudieran demostrar su condición de descendientes de españoles que tuvieron que exiliarse por la Guerra Civil y la dictadura franquista con unas condiciones concretas dictadas por los autos judiciales. Estos requisitos eran: que certifiquen “su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”.

Y, según Exteriores, apenas 901 han podido acreditar esa condición de exilio “certificada por los cónsules” y, en principio, podrán votar en las elecciones del 29-N.

El Gobierno dice que el impacto electoral es mínimo

Fuentes del Gobierno indican que más de 163.000 nombres incluidos en el listado obtuvieron la nacionalidad española acogiéndose al procedimiento previsto en la Ley de Memoria Democrática (en cuya disposición está recogida la conocida como ‘ley de nietos’), aprobada en 2022 en el Congreso de los Diputados, y a la instrucción posterior en la que se concretaba el procedimiento para reconocer la presunción de exilio. “Se trata de requisitos y procedimientos idénticos a los establecidos tras la Ley de Memoria Histórica de 2007 que se aplicaron con plena normalidad y sin ser cuestionados”, insisten las mismas fuentes, que recuerdan que “se han celebrado multitud de procesos electorales” con esta ley en vigor.

La norma fue recurrida por Iustitia Europa y Vox, que denunciaron un posible “fraude” electoral por la alteración del censo a causa de la inscripción masiva de nuevos electores en el CERA sin la debida acreditación documental individualizada. La Abogacía General del Estado defendió entonces que paralizar la ley supondría una vulneración del derecho al sufragio de los afectados por un recurso que tildó de “prematuro” y basado en meras “sospechas”.

Fuentes el Gobierno aseguran, además, que en cualquier caso, el peso de los electores nacionalizados por la ‘ley de nietos’ es mínimo. “Aplicando los niveles habituales de participación exterior, el impacto potencial de 163.355 personas, si todas estuviesen en el Censo de Españoles Residentes en el Exterior, sería de menos de 14.000 votos a repartir entre 52 circunscripciones. Esto supone, aproximadamente, menos del 0,06 % de los votos emitidos en las generales de 2023“, subrayan en el Ejecutivo, donde añaden también que la incidencia podría ser incluso “aún menor”, ya que el listado incluye a personas —como menores o fallecidos—que no están en el censo electoral de residentes ausentes.