El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez no fue “suficientemente previsor” en materia de vivienda durante su primer mandato, momento en que el Ejecutivo contaba con una mayoría parlamentaria más clara para haber actuado, y ha reconocido que en la actualidad carece de las “herramientas necesarias” para resolver el problema en el corto plazo.
El ministro ha explicado, en una entrevista en la cadena SER, que cuando llegaron al Gobierno en 2018, la vivienda “no era el primer problema que estaba encima de la mesa”, ya que hubo que afrontar emergencias como la pandemia de covid, que centraron la atención del Ejecutivo. “No se fue lo suficientemente previsor y hoy llegamos a la situación en la que estamos, quizá porque en esa legislatura el foco, la atención del Gobierno no estuvo ahí”, ha señalado Puente.
El titular de Transportes ha argumentado que, ante esta situación, el Gobierno se encuentra sin las herramientas regulatorias adecuadas para atajar el problema, sobre todo “si el Parlamento no está por la labor” y las comunidades autónomas del PP se niegan a aplicar la Ley de Vivienda, lo que ha motivado la convocatoria de elecciones generales para que los ciudadanos elijan entre dos modelos: “Si quieren un modelo donde la vivienda sea de verdad un derecho o si queremos seguir en la línea de que la vivienda sea un bien de especulación o un bien al servicio del enriquecimiento”.
Según ha expuesto Puente, el problema de la vivienda debe abordarse desde dos vertientes: la creación de un parque público y la regulación del mercado para topar o bajar precios. Sin embargo, en este segundo ámbito ha calificado la capacidad del Gobierno de “muy escasa”.
Durante la entrevista, el ministro ha definido el caso de Maricarmen, la mujer desahuciada de su piso de alquiler de Madrid y fallecida hace dos días, como un “revulsivo” y una “espoleta” que obliga a intensificar los mecanismos de actuación. A este respecto, ha afirmado que en España no se está garantizando actualmente el derecho a una vivienda digna y ha considerado “intolerable” que se supediten los derechos básicos a la especulación o al enriquecimiento de unos pocos.
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