El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros ampliar los descuentos a los carburantes hasta final de año y nuevas medidas para evitar que el precio del gas que paga el consumidor se dispare bruscamente por culpa de la guerra en Irán. Es la segunda prórroga del decreto anticrisis que vio la luz por primera vez en marzo, tras estallar el conflicto en Oriente Próximo, y se extendió en junio al empeorar la coyuntura económica por el shock energético. Las tres tendrán un coste conjunto de 12.000 millones de euros para las arcas públicas.
El nuevo decreto ‘anticrisis’ mantiene un mes más el descuento de 20 céntimos por litro al diésel a través de la bonificación del Impuesto sobre Hidrocarburos y la amplía a la gasolina, a la que también se aplicará esa cuantía desde el próximo jueves, 1 de octubre. En ambos casos la ayuda se irá retirando de forma paulatina, de forma que ascenderá a 13 céntimos en noviembre y a 6 céntimos en diciembre.
Esto implicaría reforzar la bonificación a la gasolina 95, que en septiembre estuvo rebajada en cinco céntimos por litro y mantenerla en el diésel, que ya disfruta de esos 20 céntimos. Si las estaciones de servicio aplican plenamente la rebaja fiscal, el precio de la gasolina pasaría de los 1,954 euros el litro que marca esta semana a 1,80 a partir del jueves, mientras que los del gasóleo se mantendrían en torno a 1,943.
Tal y como se establecía en el decreto que ha estado vigente desde junio, la norma incluye una salvaguarda para incrementar los descuentos si los precios del petróleo se descontrolan, como ya sucedió durante este verano. Así, la bonificación volvería a elevarse a 20 céntimos en noviembre y diciembre si los precios de los combustibles escalan más de un 15% en el IPC.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha explicado que las medidas aplicadas hasta la fecha han servido para amortiguar la subida de la inflación en un 50%. El también ministro de Economía, Comercio y Empresa ha precisado que el alza de los precios energéticos explica dos puntos del incremento de la tasa de IPC, que en septiembre se habría situado en el 4,9%, según el dato avanzado este martes por el INE.
“La receta ha funcionado, nuestras medidas están suponiendo un alivio en materia de precios”, ha incidido, para apuntar que el Ejecutivo está haciendo un seguimiento pormenorizado de la evolución de los precios en gasolinera para que estas medidas fiscales se trasladen de manera efectiva a los ciudadanos. “Que la reducción de impuestos vaya a una reducción de precios y no se quede en un incremento indebido de márgenes por parte de las empresas”, ha precisado.
Más allá de los carburantes, el decreto que ha diseñado el Gobierno limita las subidas de la tarifa regulada del gas (la TUR), a la que están acogidos más de tres millones de consumidores, a un 15% para evitar una escalada en los precios que podría haber alcanzado el 45% ante el encarecimiento de la materia prima. Además, en esa misma línea, el Ejecutivo fijará en 19,55 euros el precio de la bombona de butano de 12,5 kilos hasta junio del año que viene.
A estas medidas, se suman otras que ya se aprobaron en el anterior decreto, pero que seguirán vigentes, como es el caso de la reducción paulatina hasta su desaparición en 2028 del impuesto a la generación eléctrica o la ampliación del bono social eléctrico para vulnerables y la garantía de suministro hasta el 31 de diciembre de este año.
El Gobierno aprueba el texto el mismo día que se conoce que la inflación ha vuelto a calentarse y roza ya el 5%. Además, la inflación subyacente -el indicador que descuenta del cálculo los precios de la energía y los alimentos no elaborados- se ha incrementado dos décimas hasta alcanzar el 3,1%, su mayor registro desde abril de 2024. Este indicador sirve como termómetro para evaluar hasta qué punto la crisis energética -que debería ser coyuntural- se está trasladando al conjunto de la economía, convirtiéndolo en un problema más estructural.
Ayudas al gasóleo profesional
La nueva norma prorroga durante el último trimestre de 2026 las ayudas al combustible para el transporte terrestre, marítimo y ferroviario. En el caso del transporte por carretera, se amplía la ayuda al gasóleo profesional para los vehículos con derecho a devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos. La subvención será de 5 céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre de este año, con posibles ajustes si se activa el mecanismo de salvaguarda sobre la fiscalidad del gasóleo.
A su vez, se establece una ayuda directa extraordinaria para profesionales del transporte por carretera que no pueden beneficiarse de la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos. Esto incluye a determinados titulares de autorizaciones de transporte, autobuses urbanos y taxis adaptados. La cuantía dependerá del número, tipo y combustible de los vehículos. Para el transporte ferroviario, se fija una línea adicional de ayudas directas para el ferrocarril de mercancías con 15.000 euros de ayuda por locomotora diésel, y ayudas directas para el transporte marítimo.
En el ámbito agrario, se mantendrá la bonificación de 20 céntimos por litro sobre el consumo de gasóleo B a través del procedimiento de devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Para el sector pesquero se prorroga la ayuda compensatoria a las empresas armadoras para absorber el incremento de los costes de los carburantes, con el fin de asegurar la operatividad de los buques.

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