Plus Ultra informó a la SEPI de que el rescate serviría para pagar a la petrolera del régimen chavista y empresas de la trama de blanqueo

Plus Ultra informó por adelantado a la Sociedad Estatal de Participaciones (SEPI) de que tanto la petrolera controlada por el Gobierno de Venezuela, PDVSA, como las compañías del financiero holandés Simon Verhoeven se beneficiarían de la concesión del rescate de 53 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros en 2021. Así lo indica la documentación aportada por el exCEO de la aerolínea Roberto Roselli al juzgado dirigido por José Luis Calama, que se encarga de investigar la presunta trama de tráfico de influencias en la que el principal investigado es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La defensa de Roselli ha entregado al magistrado más de 600 folios que recogen, entre otras cosas, las comunicaciones del exCEO con José Ángel Partearroyo, director de Participadas de la SEPI. Si bien el propio Roselli advierte de que el grueso de sus comunicaciones se realizaron vía WhatsApp —y ya obran en la causa—, decenas de mails muestran al detalle cómo se gestó la concesión de aquel préstamo millonario.

Un préstamo que está bajo sospecha por dos cuestiones: existen indicios de que Zapatero aprovechó su influencia en el Gobierno de Pedro Sánchez para asegurar la adjudicación de la ayuda, y otros que apuntan que el dinero del rescate se introdujo en una red de blanqueo de dinero a nivel internacional. El cargo de la SEPI José Ángel Partearroyo está citado en calidad de testigo para prestar declaración el próximo 19 de noviembre.

Destaca entre los documentos entregados por Roselli, a los que ha tenido acceso 20minutos, un mail que Partearroyo le envió el 26 de noviembre de 2020, poco más de cien días antes de la aprobación de la ayuda. En aquel correo electrónico, el director de Participadas pidió al CEO los datos de los “principales acreedores” de la empresa, “para el conflicto de interés”.

Lo que estaba reclamando Partearroyo es la lista de empresas con las que Plus Ultra estaba endeudada. Roselli remitió una lista de “los top 20 según volumen de negocio”, encabezada por la petrolera estatal venezolana, PDVSA. La deuda ascendía en ese caso a 4.694.926 euros. La propia compañía admitió que era “elevada, ya que PDVSA suministra combustible pero no puede cobrar hasta solventar su situación en la OFAC [la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que mantenía sanciones comerciales sobre la petrolera]”.

Tras recibir el listado, el director de Participadas de la SEPI preguntó si estas compañías eran “acreedores con los que tenéis deuda relevante que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal”. “El conflicto estaría con los que tenéis deudas pendientes relevantes”, precisó Partearroyo.

Al margen de este correo electrónico, la pila de documentación aportada por Roberto Roselli incluye también “las páginas del contrato final que se elevó a público donde consta el detalle de la deuda que fue definitivamente aprobada por la SEPI para su pago”. Tal y como explica el abogado defensor del exCEO, en esas páginas se informó de que Plus Ultra priorizaría el pago a varias empresas que habían otorgado a la aerolínea varios “préstamos puente”. Se trata de las empresas del financiero holandés Simon Verhoeven, investigado por el juez Calama como el presunto cabecilla de una trama internacional de blanqueo de capitales.

La tesis del instructor es que, al devolver ese dinero a las mercantiles de Verhoeven, Plus Ultra estaba contribuyendo a blanquear dinero de procedencia ilítica. La aerolínea introdujo el dinero lícito prestado por la SEPI en el círculo de blanqueo gestionado por Simon Verhoeven.

Este ciudadano holandés compareció este viernes ante Calama, si bien se negó a declarar alegando que necesita tiempo para preparar su defensa junto a su letrada, Paula Rodríguez. De acuerdo con fuentes jurídicas, Verhoeven aseguró que en un plazo de en torno a 15 días estará en disposición de contestar al interrogatorio.

Los contratos de Plus Ultra con el holandés

Las relaciones contractuales de Plus Ultra con Verhoeven se remontan a 2019, cuando una de las empresas del holandés, Valerian, otorgó a la aerolínea dos préstamos. Plus Ultra emitió bonos de deuda y, Valerian, al comprarlos, le inyectó liquidez por valor de 769.000 euros. A su vez, Plus Ultra y la empresa de Leendert Verhoeven firmaron contratos de “titularización de la deuda” en favor de una empresa de Luxemburgo llamada Modus Securistation. En virtud de ese contrato, Plus Ultra dejó de deberle el dinero a la compañía de Verhoeven, dado que Modus compró la deuda para venderla, a su vez, a distintos inversores a través de unos títulos llamados Credit Linked Notes.

De este modo, el dinero que había salido en un inicio de la empresa del cabecilla de una supuesta red de blanqueo acabaría en manos de quienes adquirieran las Credit Linked Notes de Modus Securistation, dificultando la trazabilidad de los fondos. Según consta en la documentación a la que ha accedido este periódico, Plus Ultra informó a la SEPI en noviembre de 2020 de la deuda que mantenía en ese momento con Modus, que ascendía a 522.740 euros, y que devolvería una vez fuera rescatada por el Gobierno.

Al margen de estas operaciones, existen otras que están bajo el foco de la Audiencia Nacional. Se trata de varios “préstamos puente” que Verhoeven realizó a Plus Ultra a través de distintas compañías: Wailea Invest LRD, Valerian y Allpa Wira Trading UK. Los tres préstamos se realizaron a partir de octubre de 2020, cuando Plus Ultra ya gestionaba la tramitación del rescate. En total, suman 1,9 millones de euros.

De acuerdo con las documentación aportada por Roselli, en el “detalle de la deuda que fue definitivamente aprobada por la SEPI para su pago” se incluyeron todos estos préstamos puente. De modo que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sabía de antemano que parte del dinero del rescate acabaría en manos de estas compañías que están siendo investigadas tanto en España como en Suiza y Francia como parte de una gran trama de blanqueo.