El Gobierno respalda que el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuestione la “imparcialidad” de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha asegurado este martes que Puente habla como “buen jurista”, después de que el ministro cuestionara que la magistrada pidiera a la Policía Nacional que no trasladara a sus mandos las conclusiones de uno de los informes incorporados a la causa.
Puente consideró este lunes “bastante extraño” ese requerimiento de la jueza y sostuvo que “denota un cierto principio de desconfianza” hacia los responsables policiales. “No entiendo muy bien por qué la jueza tiene que desconfiar”, afirmó en una entrevista. Unas palabras de las que Moncloa no se ha desmarcado: Saiz ha reivindicado la condición de jurista del ministro, que ejerció durante años como abogado, y ha asegurado que sus declaraciones buscaban “poner en valor la independencia judicial”.
El respaldo del Gobierno cobra especial relevancia después del auto dictado este lunes por Tardón, que aprecia un “grave ataque a la integridad territorial de España” durante la crisis migratoria y recoge la tesis apuntada por la Policía Nacional sobre la “permisividad” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes mientras decenas de miles de personas atravesaban la frontera hacia Ceuta. Es una interpretación que el Ejecutivo evita asumir: Moncloa mantiene que sigue confiando en la actuación de Marruecos y se resiste a atribuir a Rabat responsabilidad alguna en el episodio.
La posición expresada este martes por Saiz supone, por tanto, que el Gobierno hace suyas las reservas de uno de sus ministros sobre una de las decisiones adoptadas por la magistrada en plena investigación. No obstante, en la rueda de prensa desde el Palacio de La Moncloa la portavoz ha tratado de acotar ese respaldo insistiendo en el “máximo respeto” del Ejecutivo al Poder Judicial, su “máxima colaboración con la Justicia” y su voluntad de que los hechos se esclarezcan.
“Somos los primeros interesados en que se esclarezcan los hechos y nos hemos personado como parte perjudicada. Esa es la posición de coherencia del Gobierno de España”, ha defendido Saiz tras el Consejo de Ministros.
Pero no solo Moncloa respalda las palabras y, por tanto, la tesis de Puente. También el PSOE. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también ha cuestionado la labor de la jueza en una rueda de prensa en la Cámara Baja al asegurar que en su “pasado” fue concejala del PP y ha ironizado sobre la “casualidad” de que el informe que había pedido no facilitar al Gobierno acabó filtrándose “el día antes de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso”. “No digo nada más, digo los hechos y los datos”, ha añadido el portavoz del PSOE, incidiendo en que todo lo ocurrido hasta ahora conduce, en su opinión, a hacer “una reflexión como esta”.
En el auto, la jueza María Tardón indica que lo sucedido se trata de “una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la ‘integridad territorial de España‘, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta”.
A la vez que señala a “una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos” que “se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos”.

More Stories
El número de muertos por la tragedia en Urda sube a 69
Los audios del Iryo contradicen a Puente: la maquinista avisó de que no podía “reiniciar” el tren poco antes del choque en Urda
“Descansa en paz, amiga”: los políticos despiden consternados a Fátima Báñez, la exministra fallecida en el accidente de Urda