Pedro Sánchez ha comprobado esta semana que rebajar las penas por el delito de malversación –el uso indebido del dinero de todos, y no solo para lucro propio– es un sapo difícil de digerir: para la mayoría de los ciudadanos, muy sensibilizados con la corrupción, y para muchas voces de su partido, y no solo los críticos habituales. Ayer argumentó que la medida -exigida por ERC– busca “sacar la confrontación de los juzgados”, lo que significa que abaratará un delito muy grave a medida de sus socios. El presidente sienta un precedente, más que arriesgado, como dijo, muy peligroso.

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