El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el derecho al voto de parte de los descendientes de españoles inscritos por la conocida como ‘ley de nietos’, no sin reproches de miembros del Ejecutivo. Para esquivar la resolución, Sumar ha presentado una enmienda a una ley educativa que amplía los supuestos susceptibles de obtener la nacionalidad española, si bien los letrados del Congreso de los Diputados han tildado de “incongruente” dicha modificación planteada por la formación política e incluso apuntan que puede llegar a ser “inconstitucional”.
El quid de la cuestión en el que ponen el foco tanto el Partido Popular como Vox es la instrucción dictada por Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, que “reinterpreta” la norma y amplía el alcance de la ley aprobada en 2022 al considerar también como exiliados a quienes salieron de España entre 1936 y 1955. Dicha orden administrativa es en la que se centra el Supremo para suspender los derechos electorales de aquellos nacionalizados que no hayan demostrado su condición de descendientes de exiliados. Y es la que Sumar recoge en su enmienda “intrusa” —según la califican los populares— a dos proyectos legislativos relativos a la educación.
Los servicios jurídicos del Congreso han determinado que la enmienda presentada ante el proyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica de Educación y la de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria pretende modificar la ley de Memoria Democrática y “a efectos formales, ha sido presentada sin justificación alguna”. Para el PP es “especialmente revelador” que los letrados recojan que los autores de dicha enmienda no explicaron qué tiene que ver una reforma sobre ratios, jornada lectiva y condiciones de los docentes con cambiar la conocida como ley de nietos, recogida en una disposición de la ley de Memoria Democrática. “Su tenor literal resulta incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley que pretende enmendar”, insisten.
Eso sí, los mismos letrados exponen en el informe al que ha tenido acceso 20minutos que si bien el Reglamento del Congreso no contiene reglas que limiten el contenido de las enmiendas, el Tribunal Constitucional ha ido perfilando una doctrina sobre “la conexión material entre las enmiendas y las iniciativas legislativas”. Es decir, que deben ser congruentes con el texto enmendado. Señalan en concreto, que de no respetar dicha coherencia, podría vulnerarse el derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución “en su vertiente del derecho a la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo”.
En Génova celebran la resolución de los letrados al considerar que ponen “negro sobre blanco” lo que venían denunciando tiempo atrás: “La intención de manosear el ordenamiento jurídico para alterar el censo electoral de una manera infame y antidemocrática” al pretender mediante una “enmienda intrusa modificar por la puerta de atrás la llamada ley de nietos”. Ahora, la Mesa de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes deberá decidir, al ser el órgano competente, la admisión a trámite de dicha enmienda. Fuentes populares hacen responsables de dar las explicaciones oportunas a PSOE y Sumar, quienes “tienen que decidir qué hacen con el criterio jurídico” y si, pese a este informe, fuerzan la tramitación de la enmienda, “tendrán que explicar por qué”.
Fuentes populares han cargado duramente contra el Ejecutivo al afirmar que “no todo vale para intentar sortear a los tribunales ni para cambiar las reglas a conveniencia del Gobierno”. Insisten en que una “ley de Educación no puede convertirse en el caballo de Troya para modificar la ley de nietos” y, emulando las declaraciones de Pilar Alegría en 2025 en las que acusaba al PP de “trumpismo” por “sembrar dudas” sobre las últimas elecciones, señalan que “el único trumpismo presente en esta artimaña legislativa es el del PSOE y sus comparsas”. La resolución de los letrados del Congreso coincide con el debate en el Senado de una moción de los populares sobre el impacto de la instrucción de Sofía Puente en las nacionalizaciones y el censo electoral, en la que además exigen informes sobre los procesos.
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