La jueza instructora de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado asumir la competencia sobre la investigación de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. En un auto dictado este lunes, señala que ha habido un “grave ataque a la integridad territorial de España” y coincide con la Policía Nacional al entender que hubo “permisividad” entre agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos mientras decenas de miles de migrantes cruzaban la frontera a Ceuta los días 30 y 31 de julio.
La magistrada Tardón expone que “se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos“. A su juicio, los hechos podrían constituir delitos contra la paz o independencia del Estado y los derechos de los ciudadanos extranjeros, además de homicidios imprudentes y organización criminal. Al asumir la competencia para investigar estos presuntos delitos, la magistrada se alinea con lo propuesto por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, en un escrito fechado el pasado viernes.
La instructora de la Audiencia Nacional toma esta decisión tras estudiar el informe que encargó al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. Como ya apuntó este documento, Tardón sostiene que “esta entrada masiva no puede considerarse como un hecho aislado ni casual, ni se puede hablar de un acontecimiento por generación espontánea”. La jueza coincide con la Policía al explicar que la finalidad migratoria operó a final de julio “sólo como cobertura formal”, dado que “el perfil de la mayoría de los inmigrantes no buscaba permanecer en territorio español”.
Además, Tardón expone en su escrito que el CENIF alertó el 29 de julio del “riesgo extremo” de que hubiera una entrada masiva a la ciudad autónoma. Asimismo, relata que los efectos de lo sucedido se han proyectado “en diferentes planos” como la “seguridad pública, sanidad, servicios sociales, defensa”, así como “otros de perfil internacional o geopolítico”.
La magistrada destaca también que la entrada masiva se organizó en tres oleadas distintas con el objetivo de “eliminar la capacidad de respuesta física de las fuerzas de seguridad de España”. Se planificó “desde el absoluto desprecio por la vida e integridad física de algunas personas más vulnerables, a quienes se les condujo a lanzarse al mar, sin preparación, provistas de vestimentas inadecuadas que una vez mojadas podían, sino impedir, sí obstaculizar seriamente los movimientos en el trayecto a nado, y dotados de precarios elementos de auxilio a la flotabilidad para poder cruzar a nado el espacio marino”.
Tal y como incide María Tardón, “la trágica consecuencia” de esta acción fue la muerte de al menos 83 personas, pues ese es “el número total de cadáveres recuperados en las aguas territoriales españolas”.
En lo relativo al papel de Marruecos en la crisis, la instructora coincide con las conclusiones de la Policía Nacional, pero se pronuncia en términos si cabe más contundentes. Cree que es evidente que desde “el territorio del Reino de Marruecos” se llevó a cabo “una clara e indudable gestión favorecedora del proceso“. Se refiere al “constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos”.
El auto apunta a la evidente “permisividad” de los agentes marroquíes, que no llevaron a término “ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar a la masa de personas del perímetro fronterizo”. La propia jueza afirma en su escrito que “comparte” el criterio de la Policía Nacional a este respecto: los agentes de Marruecos realizaron un “guiado activo” de las personas que se dirigían a la ciudad autónoma de Ceuta.
La resolución dictada por María Tardón argumenta los motivos por los que la Audiencia Nacional es competente para llevar a cabo una investigación penal de lo sucedido. Expone que corresponde a este tribunal investigar los delitos indiciariamente cometidos. Entre ellos un delito que “compromete la paz o la independencia del Estado”, pues “con actos ilegales o que no están debidamente autorizados se expone a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes“.
Tardón entiende que tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta hay un delito con “intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial como bien señaló el presidente del Gobierno, quien, durante su visita a Ceuta el día 31 de julio de 2026, definió los hechos como un ataque, una violación de la integridad territorial de España”. La magistrada hace suyos los términos expresados por la Policía Nacional y precisa que el acceso de un flujo masivo de migrantes constituye “uno de los métodos característicos de la guerra híbrida o zona gris”.
Tardón explica que estas actuaciones son “propias de Estados, organizaciones criminales u organizaciones terroristas” y que se cometen “contra Estados”. El uso de flujos migratorios es “uno más de los métodos utilizados en esta denominada zona gris”, dice, motivo por el cuál corresponde seguir la investigación en la Audiencia Nacional. También compete al tribunal investigar los hechos en tanto que se trata de un atentado “contra la forma de Gobierno”.
El auto de María Tardón admite la personación en la causa de varias acusaciones populares: el partido Iustitia Europa —que puso la primera denuncia—, Vox, el PP y Ahora España, así como las asociaciones Hazte Oír, Zeolandia, Libertad y Justicia. En cambio, la magistrada rechaza la personación del partido de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta, al entender que su denuncia dirigida contra el rey de Marruecos tiene la única intención de hacer una “instrumentalización política del ejercicio de la acción penal”.
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