El PP pide al juez la imputación del PSOE en la causa de las cloacas por cinco delitos de corrupción

El Partido Popular, como acusación popular, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la imputación del PSOE como persona jurídica en la causa de las presuntas cloacas, también conocido como caso Leire, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos.

En el escrito entregado al Juzgado Central de Instrucción número 5, el PP denuncia el “amplio catálogo de actuaciones delictivas” que se habrían desplegado desde la Secretaría de Organización del PSOE “después de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez“, con el objetivo de “proteger los intereses del Gobierno y del PSOE” frente a investigaciones judiciales en marcha.

Todo ello bajo una “organización criminal” liderada, presuntamente, por el que fuera número 3 de los socialistas Santos Cerdán. Para el PP, el PSOE “puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal que lideraba” Cerdán, quien también habría contado con la “colaboración” de Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del PSOE, también imputada en la causa.

Los investigadores de este caso consideran que los hechos atribuidos a Santos Cerdán podrían arrastrar a la imputación del partido por delitos que fuentes jurídicas y fiscales acotan a cohecho y tráfico de influencias. No obstante, esas fuentes consultadas por este periódico descartan en un principio dar el paso antes de las elecciones generales que se acaban de convocar.

El escrito del PP incide en varios factores que, a juicio de la formación política, podrían justificar la imputación del PSOE. En primer lugar, subrayan que las declaraciones de Fuentes, Cristina Narbona y las trabajadoras de Ferraz Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro han confirmado la tesis investigadora: que el PSOE “sufragó efectivamente los gastos derivados” de la “ilícita actividad” de las presuntas cloacas.

En segundo lugar, la acusación popular subraya que el PSOE “no contaba al tiempo de los hechos con medidas de control y vigilancia aptas para prevenir la comisión de delitos”. De modo que la formación permitió que Santos Cerdán pusiera en marcha “diferentes actividades dirigidas a destruir el procedimiento judicial en el que se investigaba al hermano del presidente, así como el resto de los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al partido”. Así lo expone el escrito de los populares, y añade que todas estas “actuaciones delictivas respondían a un mismo objetivo: proteger los intereses del PSOE”.

Esta circunstancia lleva al PP a concluir que “no puede alcanzarse un entendimiento completo de los hechos investigados sin examinar las responsabilidades de la formación política desde la que se impulsaba y financiaba la actuación de la organización criminal: el PSOE”. El Partido Popular, en línea con lo que vienen expresando en las últimas semanas fuentes de la investigación, precisa que la herramienta para imputar al PSOE es el artículo 31 bus del Código Penal.

En virtud de esta norma, una persona jurídica puede adquirir responsabilidad penal por los delitos cometidos en su “nombre” y en su “beneficio directo o indirecto” por parte de “sus representantes legales” o aquellos que están “autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”.

Ambas condiciones se cumplen en la causa que investiga Pedraz, según concluye el escrito de los populares. El documento explica que Cerdán tenía facultades de organización en el PSOE —era, de hecho, su secretario de Organización— y añade que las actuaciones de las presuntas cloacas siempre buscaron proteger los intereses de Ferraz. Además, el PP indica que cinco de los delitos investigados en la causa están entre los tipos penales susceptibles de ser atribuidos a una persona jurídica.

El escrito del PP está firmado este mismo martes por el abogado que acaba de asumir la dirección letrada de la acusación popular de esta formación política en sustitución de Alberto Durán, el letrado Henry Feltenstein. El magistrado Santiago Pedraz debe responder a la petición de los populares, si bien fuentes consultadas por este periódico subrayan que el instructor no tiene en mente dar un paso de este calado antes de que se celebren las elecciones del 29 de noviembre.