El Gobierno prorrogará dos años los alquileres hasta 2029 pero la negociación sigue enquistada en los contratos indefinidos

El reloj corre, los ministros deben entrar a la reunión del Gobierno en torno a las 09.30 horas de este martes y está en el aire el acuerdo entre PSOE y Sumar sobre el contenido del decreto de vivienda que se ha visto impulsado por el desahucio de Maricarmen y una agitación social que se ha traducido en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid y manifestaciones por toda España. De momento, los socios de la coalición han alcanzado acuerdo en lo que respecta a la prórroga de contratos de alquiler que venzan a finales de 2028, entre otras cuestiones, pero siguen atascados en otras reivindicaciones de Sumar como los contratos indefinidos.

Desde el ala minoritaria del Ejecutivo se mantienen inflexibles: en la norma tienen que incluirse “todas” las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas, y desde la misma ala minoritaria del Ejecutivo confirman que los grandes escollos de unas negociaciones agónicas se han encontrado en las últimas horas en la regulación del alquiler por habitaciones y el establecimiento de los contratos indefinidos.

En Sumar señalan con cierta sorna “los regates” que están intentando hacer los socialistas, que no ven nada claro implantar los contratos sin límite temporal y hasta la tarde de este lunes querían que la prórroga automática de los que caducan este año y el que viene (y se firmaron antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda) fuera tan solo de un año, además de dejar fuera de esta los alquileres de habitaciones. Sin embargo, tal y como ha podido confirmar este periódico, el Ministerio de Vivienda, en manos del PSOE, ha transigido con este último asunto y, tal y como quería Sumar, la prórroga será por dos años y además también quedarán cubiertos los contratos que venzan en 2028.

Según el borrador del decreto que propone Vivienda, que aún está sujeto a posibles cambios, la prórroga podrá ser solicitada por los inquilinos cuyos contratos estén vigentes cuando entre en vigor el decreto y finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que se encuentren al corriente del alquiler y lo hayan estado mensualmente durante los ocho meses anteriores.

El ministerio que dirige Isabel Rodríguez también ha propuesto a su socio de Gobierno, según el texto al que ha tenido acceso 20minutos, la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2028 cuando el demandante sea un fondo de carácter especulativo. Para el resto de propietarios, el texto prevé que, cuando el afectado sea vulnerable y no disponga de alternativa habitacional, el tribunal requiera a las comunidades autónomas y los ayuntamientos información sobre los recursos habitacionales disponibles. Si no responden o carecen de ellos, el procedimiento quedará suspendido hasta que se proporcione una alternativa adecuada, con un límite máximo de tres años.

Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo sobre ciertos mecanismos de regulación del alquiler por habitaciones que quedaron fuera de la ley de vivienda de 2023. Desde el sector minoritario de la coalición, la regulación del alquiler de habitaciones es necesaria porque “esta práctica constituye hoy una de las principales vías de entrada de la especulación y los abusos en el mercado del alquiler”.

Mientras, la instauración de contratos indefinidos de alquiler también supone el otro gran escollo de la negociación. Para Sumar, incluirlo en el decreto supondría “dotar de estabilidad al mercado del alquiler para garantizar que tanto inquilinos como propietarios cuenten con seguridad y certidumbre a largo plazo”.

Sí hay acuerdo, en cambio, en ciertas medidas de protección ante los desahucios y prohibir la compra “especulativa” de viviendas a fondos buitre, además de la regulación del alquiler de temporada y una serie de desgravaciones para los inquilinos y bonificaciones fiscales para los caseros que bajen la renta un 5%, un asunto, este último, que Sumar no compartía hace meses pero con el que transigiría a la vista de una aritmética parlamentaria que obliga al Gobierno a hacer guiños a las fuerzas más conservadoras. De igual modo, se plantean en el texto ayudas a la compra de una primera vivienda a través del ICO para facilitar este paso a quienes tienen un perfil solvente.

Aunque hay diferencias que se han mantenido en las últimas horas, también ha habido otras cesiones en las negociaciones. Por ejemplo, el PSOE parece renunciar por el momento a introducir cambios en la ley del suelo, algo que rechazaban tanto Sumar como Podemos. De hecho, los morados condicionaban su apoyo al decreto a que no se incluyese en él la reforma.

Asimismo, Sumar ha renunciado, por el momento, a que este martes se incluyan en la norma las expropiaciones de pisos que planteaba la semana pasada después de la negativa de los socialistas. Fuentes del espacio apuntan a que estas quedarán recogidas en otro decreto que se aprobará “más adelante”, aunque no concretan ninguna fecha ni dan ningún detalle de su contenido. Eso sí, apuntan a que tendría que ser un gran paquete de expropiaciones y no limitarse al caso particular de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desalojada la semana pasada de la vivienda en la que residía.

Con todo, en Sumar aceptan que se plantee en el Consejo de Ministros un decreto de máximos para conseguir los apoyos de cara a su futura convalidación en el Congreso de los Diputados, pero insisten en que las medidas que exige el Sindicato de Inquilinas deben figurar en él, es decir, los contratos indefinidos, la prórroga automática de los alquileres que venzan en 2026, 2027 y 2028, la congelación de las rentas, una ley contra las estafas de los alquileres de temporada y habitaciones y que se garantice la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional.

El socio minoritario ya ha avisado de que los ministros del espacio se plantarán en el Consejo de Ministros de este martes si no se incluyen estas medidas. “Este país tiene que decidir si esta con la especulación o con las Maricarmen. No vamos a renunciar a ninguna medida, no vale un decreto a medias tintas”, aseveró este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García.

La vivienda pone al PSOE ante un dilema electoral

No es la primera vez que la vivienda lleva al ala socialista del Gobierno al límite con sus socios. Hace apenas seis meses, los ministros de Sumar retrasaron durante más de dos horas el inicio de un Consejo de Ministros por sus discrepancias con el PSOE sobre las medidas de vivienda incluidas en el plan anticrisis, un choque interno que solo se desbloqueó tras una negociación in extremis.

Ahora el pulso se repite, pero en un momento políticamente más delicado: con la legislatura entrando en su tramo final, la izquierda redoblando la presión y la vivienda convertida en uno de los principales terrenos sobre los que cada partido tratará de construir su oferta electoral. Sumar ha vuelto incluso a amenazar con no acudir al Consejo de Ministros de este martes si no se aprueba un paquete suficientemente ambicioso.

La diferencia es que esta vez el PSOE llega además condicionado por sus propias decisiones de los últimos meses. El Gobierno tenía previsto aprobar antes del verano el decreto de vivienda, también presionado por el ala de Sumar, pero terminó aplazándolo ante la falta de apoyos suficientes para garantizar su posterior convalidación en el Congreso.

Ahora, tras el desahucio de Maricarmen y con sus socios de la izquierda reclamando medidas más contundentes, ese margen para esperar prácticamente ha desaparecido. Lo que decida el Consejo de Ministros ya no tendrá únicamente consecuencias sobre la política de vivienda: servirá también para delimitar quién capitaliza esta agenda dentro del espacio progresista.

Ahí aparece el dilema para los socialistas. Si el PSOE termina incorporando buena parte de las exigencias de la izquierda, sus socios podrán reivindicar que la presión política y social ha obligado al Gobierno a avanzar allí donde hasta ahora se había resistido a hacerlo, teniendo margen para ello. Y el Ejecutivo asumirá, además, un riesgo parlamentario: cuanto más se acerque el decreto a las posiciones de los socios de la izquierda, más difícil puede resultar después conciliarlo con Junts y el PNV, que vienen reclamando un texto mucho más acotado.

Pero la alternativa tampoco resulta cómoda para el PSOE. Si la coalición no logra cerrar un acuerdo porque los socialistas se niegan a asumir algunas de esas medidas, el coste puede trasladarse directamente a la disputa electoral por la vivienda. El partido ha tratado durante la legislatura de situar la vivienda entre las grandes prioridades del Gobierno, así que llegar ahora al tramo decisivo sin un acuerdo permitiría a los grupos de la izquierda hacer únicamente suya esa bandera, mientras acusan al PSOE no solo de no haber hecho suficiente, sino de haber frenado medidas que ellos consideran necesarias.

El problema, por tanto, ya no es solo sacar adelante un decreto. El PSOE tiene que decidir hasta dónde asume las propuestas de la izquierda para que la bandera de la vivienda no se vuelva en su contra de cara a las próximas elecciones, pero también cuánto puede ceder sin transmitir que actúa únicamente empujado por la presión de sus socios. Si se queda corto, les dejará espacio para acusarle de haber frenado una agenda que el propio Gobierno había convertido en una de sus grandes prioridades; si va demasiado lejos, tendrá después que afrontar una segunda dificultad: lograr que esas concesiones no alejen tanto el texto de Junts y el PNV que hagan imposible reunir en el Congreso los votos necesarios para convalidarlo.