El Gobierno no aporta las cifras por provincias de las personas nacionalizadas a través de la ‘ley de nietos’

El Gobierno elude aportar datos detallados por provincias de los extranjeros que han conseguido la nacionalidad española gracias a la llamada ‘ley de nietos’, un factor que puede ser diferencial en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales dado el volumen de solicitudes recibidas y que estos nuevos ciudadanos tendrán pleno derecho en España, incluido el del voto si quien optar a hacerlo a través del llamado sufragio exterior (CERA).

La nueva ley de Memoria Democrática estableció en 2022 un plazo de tres años para que los descendientes de exiliados españoles en el extranjero solicitaran la nacionalidad eligiendo el municipio a efectos electorales de mayor arraigo de ascendientes. El proceso cerró el pasado octubre con 2,5 millones de solicitudes, de los cuales habrían recibido el pasaporte español ya unas 545.000 personas.

Aún se están gestionando miles de expedientes y se desconoce la distribución territorial de todos ellos, un elemento clave porque puede dar pie a que, si muchos nacionalizados se registran en una misma provincia, el peso del voto exterior acabe modificando el reparto de escaños en la provincia en la que se registren. Las menos pobladas son especialmente sensibles a que se produzcan bailes de escaños: no es lo mismo que 10.000 nacionalizados se registren de golpe en Madrid, cuyo censo ronda los 5 millones, que en Soria, donde solo hay 76.000 censados.

Este periódico pidió esos datos a varios ministerios para averiguar qué territorios están concentrando más nacionalizaciones y finalmente el Ministerio de Exteriores aseguró que no daba esa cifra desglosada por regiones. Posteriormente, 20minutos solicitó acceso a la misma información a través del Portal de Transparencia y el Ejecutivo lo denegó también, alegando en su respuesta que “no dispone de una recopilación total de los registros desglosados por municipios o provincias” de las personas que ya habrían recibido la nacionalidad española.

Para conocer esa cifra detallada—prosigue en el escrito la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles—, “sería necesaria una acción previa de reelaboración”, es decir, recopilar información dispersa en consulados y crear un nuevo conjunto de datos que, de momento, no parece que el Ejecutivo esté dispuesto a elaborar.

El efecto se empieza a notar

Lo cierto es que los primeros efectos de la Ley de Nietos ya se empezaron a observar en las últimas cuatro elecciones autonómicas: Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura. En las cuatro, la victoria en el voto exterior fue claramente para el PSOE, a pesar de que el PP fue el partido más votado en todas ellas.

En esas últimas cuatro elecciones autonómicas, el censo CERA además aumentó más de un 14% en Andalucía y Extremadura, mientras que el incremento fue superior al 12% en Aragón y Castilla y León. Son datos bastante significativos que ponen de manifiesto el creciente protagonismo del voto de los residentes en el extranjero. El plazo para presentar las solicitudes cerró el 21 de octubre de 2025, tras una prórroga de un año, pero la avalancha de peticiones ha ralentizado el sistema, que debe evaluar cada caso de forma individual. Se estima sin embargo que se concederá la inmensa mayoría de nacionalidades solicitadas.

En el momento de adquisición de la nacionalidad en el exterior, ha de presentarse un formulario firmado por el solicitante, en el que elija el municipio a efectos electorales. La elección de la provincia y el municipio, según el Gobierno, no es aleatoria, sino que debe responder a una serie de requisitos y, sobre todo, tener algún tipo de relación con el ascendente exiliado por el que se tiene derecho a la nacionalidad.

Desde Exteriores precisan que los criterios previstos en ese formulario para elegir la región de la nueva nacionalidad son: la última residencia en España del familiar que huyó; el municipio de mayor arraigo propio, de mayor arraigo de sus ascendientes y otros motivos, “que deberán ser especificados”. “Los funcionarios consulares no intervienen en ningún caso en la elección del municipio por parte de los interesados y se limitan a subir la declaración firmada al sistema, que es recibida por la oficina del censo”, inciden en el departamento de José Manuel Albares.

“Hay un interés evidente en conseguir nuevos votantes”

Desde la oposición no lo tienen tan claro y desconfían del proceso de gestión de unas solicitudes en los que elección de provincia sea clave en términos electorales. De hecho, el propio Gobierno admitió tras las elecciones del año 2023 que el voto exterior (CERA) resultó “determinante” para decidir nueve escaños. “El voto CERA podría alterar el reparto de un último escaño en hasta nueve provincias donde los resultados han sido muy ajustados y dependen de menos de 2.000 papeletas para pasar de una formación a otra”, indicó el Ejecutivo.

Algunas fuentes parlamentarias explican a 20minutos que la Ley de Nietos podría esta vez alterar el resultado de varias provincias y estarían en juego unos 20 escaños. Eso, en las generales. Pero los efectos podrían también notarse en las próximas elecciones municipales y autonómicas teniendo en cuenta que la cifra de 500.000 nuevos votantes crecerá en los próximos meses a medida que se vayan aprobando las solicitudes ahora atascadas por el volumen de solicitudes recibidas. Las elecciones locales y regionales serán en mayo de 2027, dentro de diez meses.

Por eso la ‘ley de nietos’ lleva meses siendo objeto de críticas por parte de la oposición, que cuestiona tanto su alcance como sus efectos. Este lunes, el PO acusó al Gobierno de usar la concesión de nacionalidades con fines electorales, llegando incluso a hablar de “ingeniería electoral”. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Pedro Sánchez de “fabricar” votantes a través de esta ley, que ha pedido reformar para añadir requisitos más estrictos. “Lo que hay detrás es un interés evidente en conseguir nuevos votantes. Como con los votantes actuales, pues no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas”, señaló.

Los populares defienden el reconocimiento de la nacionalidad española a los nietos de quienes huyeron por el exilio; lo que rechazan es la “opacidad” y las “prisas” del Ejecutivo con el proceso. Además, han criticado una instrucción que dictó el Ministerio de Justicia que, en opinión del PP, “reinterpretó la ley” y amplió los supuestos iniciales. Por eso exigen explicaciones en el Congreso al ministro Albares, y reclaman documentación sobre dichas nacionalizaciones.

Vox también ha elevado esta denuncia y ha advertido del “riesgo” de conceder la nacionalidad española “hasta los descendientes de la inmigración española del siglo XIX” y ha insistido en el “riesgo de alteración de la voluntad de los españoles expresada en las urnas”.

En el Gobierno han afeado ambas declaraciones y han cargado contra Feijóo, asegurando que “frivoliza” y “manosea” la Memoria Democrática, “reduciendo a una cuestión electoralista” un tema que, según fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, es “de justicia”. “El PP está poniendo palos en las ruedas a otorgar la nacionalidad a quienes tienen derecho a ser igual de españoles que ellos”, reprochan las mismas fuentes, que insisten en que la ‘ley de nietos’ no es un privilegio, sino “una medida extraordinaria de reparación histórica”.