El Gobierno indulta a la expresidenta del Parlament Laura Borràs

El Gobierno ha concedido este martes el indulto de la pena de prisión impuesta a la expresidenta del Parlamento catalán y exdirigente de Junts Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión por delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

En el último Consejo de Ministros del curso político, tras el cual ha comparecido el presidente Pedro Sánchez para hacer balance, el Ejecutivo ha concedido de forma sorpresiva la medida de gracia a la política catalana de forma parcial y le rebaja la pena a dos años de cárcel. El resto de la condena, multa de 36.000 euros e inhabilitación de 13 años, se mantiene.

Junts había reclamado, en las primeras negociaciones de la amnistía, que también se le aplicara a Borràs, pero finalmente accedió a que la ley no contemplara delitos que no tuviesen relación con el proceso independentista. La expresidenta de los posconvergentes quedó, por tanto, fuera de los márgenes que preveía la norma.

El Gobierno justifica ahora, dos años después de la aprobación de la ley de amnistía por parte del Congreso, el indulto a Borràs porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que fue el que la condenó, afirmó en su propia sentencia que la pena de prisión resultaba “desproporcionada y excesiva” y, de hecho, proponía el indulto para ella.

El de Borràs no ha sido el único indulto concedido este martes por el Gobierno, sino que también ha conmutado condenas a otras dos personas condenadas por corrupción. Justo el mismo día en que el Consejo de Ministros ha enviado al Congreso el proyecto de ley de integridad pública, una de las normas planteadas hace un año por Pedro Sánchez tras la imputación de Santos Cerdán y vendida como medida contra la corrupción. La ley plantea, en palabras del presidente del Gobierno, crear “una agencia independiente de integridad pública con mayores funciones, que incorpora las aportaciones de organismos estatales, autonómicos y de la sociedad civil, y cada hito ha sido contar con el asesoramiento de la OCDE en la frontera de las mejores prácticas internacionales”.

Otro de los indultados es el artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión, ocho de inhabilitación y una multa por apropiarse de fondos de la Fundación Niemeyer durante su gestión del centro cultural de Avilés (Asturias). La medida de gracia se le aplica a la pena de cárcel, que aún no había empezado a cumplir, y se le mantiene el resto.

En su caso, el Gobierno alega “motivos humanitarios relacionadas con su estado de salud” y que la solicitud del indulto ha sido promovida por “numerosos artistas y personas del sector audiovisual”, si bien no contaba con el visto bueno del tribunal que le condenó.

En tercer lugar, el Ejecutivo también ha acordado indultar de forma parcial al exalcalde de Linares (Jaén) Juan Fernández Gutiérrez, al que se le conmuta la pena de prisión de tres años por otra de dos y se le mantiene la inhabilitación de siete años. Fue condenado por apropiarse de 125.700 euros procedentes de las cuentas del Grupo Municipal Socialista.

Según el Ejecutivo, la solicitud contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el aval de los grupos del PP y el PSOE de Linares, el del Ayuntamiento de la localidad y el de una asociación vecinal que recabó firmas a su favor.

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado indultar parcialmente a dos personas más (ciudadanos particulares, no públicos) condenados por delitos contra la salud pública a las que se les conmutarán las penas de tres y cuatro años y medio de prisión por una de dos años. Las dos contaban con informes favorables de los tribunales sentenciadores y de la Fiscalía.

“No es un punto final”

Tras conocerse su indulto, la propia Borràs ha señalado que “la pesadilla no finalizará hasta que un tribunal determine” que el proceso judicial seguido en su causa “es una gran injusticia”. “El Gobierno español ha decidido hoy que no iré a la cárcel pero, también, que mantiene la inhabilitación de 13 años para cualquier cargo electo”, ha criticado.

“No me ahorra el encarcelamiento por iniciativa propia, sino atendiendo la solicitud del mismo tribunal que me juzgó y que en la sentencia que dictó consideró que la pena que me imponía era ‘excesiva y desproporcionada’, que es una manera bastante singular de admitir que es una condena injusta”, añade. El indulto parcial anunciado este martes, para Borràs, “no es un punto final, sino un punto y aparte en la lucha” por su “honorabilidad”, que seguirá defendiendo “en instancias europeas”.

También se ha pronunciado al respecto el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien ha celebrado la decisión del Gobierno y la ha calificado de “alivio y motivo de alegría”. En un mensaje también en X, Puigdemont ha señalado que “más allá de la evidente naturaleza política de la causa”, que afirma que siempre estará muy presente, se alegra mucho tanto por Borràs como por su familia.

En sentido totalmente contrario se han manifestado PP y Vox. La portavoz de los populares en el Parlament, Lorena Roldán se ha preguntado si este indulto parcial concedido por el Gobierno es el “primer pago a Junts a cambio de los Presupuestos”. Y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha hablado de “políticos corruptos indultando a otros políticos corruptos para repartirse favores y sillones. ¿Cómo se puede exigir a los españoles pagar multas o cumplir normativas y leyes cuando se indulta a delincuentes porque favorecen al PSOE?”.