El desahucio de una familia marroquí con seis hijos menores en Vitoria-Gasteiz este pasado viernes día 23 de octubre ha abierto un nuevo frente de debate político sobre las ayudas sociales, el acceso a la vivienda y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Santiago Abascal, presidente de Vox, y Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, han cuestionado que la familia perciba alrededor de 2.450 euros mensuales en prestaciones públicas.

El desalojo se ejecutó el viernes 23 de octubre en el barrio vitoriano de Sansomendi, en medio de las protestas de cientos de personas que intentaron impedirlo y de las cargas de la Ertzaintza. El caso ha generado posiciones enfrentadas sobre la responsabilidad de las administraciones y las medidas que deben adoptarse para garantizar el acceso a una vivienda.

Abascal cuestiona las ayudas

El líder de Vox criticó que una familia de origen magrebí recibiera cerca de 2.500 euros al mes en ayudas, como publicó El Correo citando fuentes municipales, mientras permanecía en una vivienda cuyo propietario quería recuperar. Abascal sostuvo que la situación era injusta para los propietarios y vinculó el caso con sus propuestas de endurecimiento de la política migratoria y revisión de las prestaciones públicas.

El dirigente también puso el foco en la situación de los dueños del inmueble, que, según las informaciones publicadas sobre el caso, necesitaban recuperar la vivienda para su propia familia y residían de alquiler en una habitación.

“Resulta que había unos españoles hacinados en una habitación porque unas personas que no tienen que estar en España estaban okupando su vivienda mientras eran mantenidos por el poder público en el País Vasco”, aseguró este sábado Abascal.

García Albiol critica el importe de las prestaciones

Por su parte, Xavier García Albiol también cuestionó que la Administración destine unos 2.450 euros mensuales a una familia extranjera con seis hijos. El alcalde de Badalona calificó la situación de escandalosa y comparó el importe de las ayudas con los ingresos que obtienen algunos trabajadores.

Albiol también reprochó a las administraciones su gestión del caso y defendió que debe revisarse cómo se conceden las prestaciones públicas. Sus declaraciones se suman al debate político sobre los criterios de acceso a las ayudas y las obligaciones de los beneficiarios.

No puede ser que en España estemos manteniendo a familias

“No puede ser que en España estemos manteniendo a familias, en este caso una marroquí que ha venido de fuera, con seis hijos, y la estemos manteniendo 2.450 euros cada mes en concepto de ayudas. ¿Qué sociedad estamos creando? ¿Qué imagen en el exterior se está dando de España?”, se preguntó Albiol en un video en redes sociales.

El Ayuntamiento de Vitoria descarta ceder una vivienda

El Consistorio vitoriano, por su parte, ha descartado conceder directamente una vivienda pública a la familia. Según la información difundida sobre el informe de los servicios sociales municipales, la unidad familiar conocía desde octubre de 2019 la intención del propietario de recuperar el inmueble.

El Ayuntamiento considera que no se trata de una emergencia sobrevenida que justifique una adjudicación extraordinaria. Además, sostiene que ofreció a la familia una plaza de acogida de urgencia y carácter provisional, pero que la propuesta fue rechazada.

Entre las prestaciones mencionadas figuran el Ingreso Mínimo Vital, la Renta de Garantía de Ingresos, la Prestación Económica de Vivienda y complementos vinculados a la infancia. La cifra corresponde al conjunto de las ayudas señaladas en la información municipal, no a una única prestación.

Un desahucio marcado por las protestas

El lanzamiento judicial se llevó a cabo después de un procedimiento prolongado y en un contexto de movilización social. Cientos de personas, entre ellas estudiantes, se concentraron para intentar evitar el desalojo. La intervención policial terminó con al menos dos detenidos, según las informaciones publicadas.

La familia sostiene que, pese a contar con ingresos, no ha conseguido encontrar otra vivienda de alquiler.