Desde el 1 de julio, 40 documentos y que no afecten a la seguridad nacional: los informes que desclasifica el Gobierno

El Gobierno se propone reforzar su relato sobre la crisis de Ceuta y, más concretamente, sobre la respuesta a la entrada masiva de más de 70.000 personas después de todas las críticas e informes que avisaban de una operación de acceso a la ciudad autónoma, también ante la derivada judicial que se acaba de abrir. Para eso, este miércoles acometerá la desclasificación que prometió el presidente Pedro Sánchez de todos los documentos de los que dice disponer sobre ello. Se trata, explican desde Moncloa, de 40 documentos de entre el 1 de julio y el 1 de agosto, pero eso sí, ninguno de ellos contendrá información que pueda afectar a la seguridad nacional.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho que se publicarán más informes relevantes si los hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen “nada que esconder”. “Todos los documentos que obran en manos del Gobierno”, ha añadido, se podrán consultar a través de la página web de Moncloa en torno a mediodía del miércoles.

Según Saiz , el Gobierno ha realizado “una labor importante de anonimizar” para desclasificar y compartir los informes “que tuvieran relevancia”, y ha explicado que aquellos textos que afecten a la seguridad nacional tienen su “cauce” en la comisión de secretos oficiales del Congreso.

Desde el Gobierno han asegurado que si en un futuro surgen nuevos documentos en relación con los hechos y el periodo en cuestión, también serán publicados a menos que afecten a la seguridad nacional, en cuyo caso serán tramitados a través de la citada comisión.

El objetivo del Ejecutivo es afianzar el relato que viene manteniendo desde el principio de la crisis y que el presidente Sánchez verbalizó la semana pasada en el Congreso: que ninguno de los informes emitidos durante los días previos advertía de la posibilidad de que se pudiera producir una entrada masiva de esa envergadura. Los avisos previos que se recibieron sobre Ceuta, dijo, no iban más allá de lo “rutinario” y “ninguno previó ni la escala ni la probabilidad de lo que se produjo después”. Sí admitió que el 29 de julio el CNI alertó de que en redes sociales existía “una convocatoria para cruzar al día siguiente en un grupo de Facebook con 180.000 integrantes”, aunque defendió que “estos llamamientos en redes no son excepcionales”. Ahora, la jueza de la Audiencia Nacional encargada de la investigación de lo ocurrido también va a poner el foco en la respuesta que dio el Gobierno ante esos avisos.

Por lo que se refiere a la eventual responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes, que el Gobierno niega en base a los informes de los que dispone hasta ahora y que se van a hacer públicos, Saiz ha insistido este martes en que el propio Pedro Sánchez fue claro al asegurar que “si existen pruebas, se actuará con contundencia”. “Dejemos que se esclarezcan los hechos y que se investiguen”, ha apostado la portavoz.

Fuentes gubernamentales han recalcado que se trata de “todos” los documentos de los que dispone a día de hoy el Ejecutivo y que han sido elaborados por distintos departamentos y las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, incluido el CNI. Asimismo, se ha decidido incluir en esos documentos algunas comunicaciones entre departamentos del Gobierno en relación con los acontecimientos y que se han considerado relevantes.