Anticorrupción ve “prematura” la posibilidad de imputar al PSOE en el caso cloacas pero aprecia “indicios” contra el partido

La Fiscalía Anticorrupción ve “prematura” la petición del PP de imputar al PSOE. Según apuntan fuentes fiscales, el Ministerio Público ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un informe en el que incide en la existencia de “indicios” contra Ferraz, pero rechaza que sea el momento procesal adecuado para la imputación del partido como persona jurídica. Antes deben llevarse a cabo determinadas diligencias que aún están pendientes, como la declaración del exsecretario de Organización Santos Cerdán, principal imputado en esta causa junto con la presunta ‘fontanera’ Leire Díez.

De acuerdo con las fuentes fiscales consultadas por 20minutos, el PSOE podría ser penalmente responsable de dos de los delitos cometidos por quien fuera el número tres del partido, Santos Cerdán: cohecho y tráfico de influencias. En virtud del artículo 31 bis del Código Penal, los delitos cometidos por alguien con funciones de organización de una persona jurídica y en “beneficio directo o indirecto” de esa persona jurídica pueden ser imputables, en este caso, al partido político.

Esto mismo interpretó el Partido Popular, que este martes presentó un escrito en el juzgado de Santiago Pedraz reclamando investigar al PSOE por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos. Tras recibir la reclamación de la acusación popular que ejerce el PP, Pedraz pidió a la Fiscalía Anticorrupción que se pronunciara al respecto de la misma.

El escrito del PP incide en varios factores que, a juicio de la formación política, podrían justificar la imputación del PSOE. En primer lugar, subrayan que las declaraciones de Fuentes, Cristina Narbona y las trabajadoras de Ferraz Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro han confirmado la tesis investigadora: que el PSOE “sufragó efectivamente los gastos derivados” de la “ilícita actividad” de las presuntas cloacas.

En segundo lugar, la acusación popular subraya que el PSOE “no contaba al tiempo de los hechos con medidas de control y vigilancia aptas para prevenir la comisión de delitos”. De modo que la formación permitió que Santos Cerdán pusiera en marcha “diferentes actividades dirigidas a destruir el procedimiento judicial en el que se investigaba al hermano del presidente, así como el resto de los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al partido”. Así lo expone el escrito de los populares, y añade que todas estas “actuaciones delictivas respondían a un mismo objetivo: proteger los intereses del PSOE”.

Esta circunstancia lleva al PP a concluir que “no puede alcanzarse un entendimiento completo de los hechos investigados sin examinar las responsabilidades de la formación política desde la que se impulsaba y financiaba la actuación de la organización criminal: el PSOE”. El Partido Popular, en línea con lo que vienen expresando en las últimas semanas fuentes de la investigación, precisa que la herramienta para imputar al PSOE es el artículo 31 bis del Código Penal.

El documento del PP explica que Cerdán tenía facultades de organización en el PSOE —era, de hecho, su secretario de Organización— y añade que las actuaciones de las presuntas cloacas siempre buscaron proteger los intereses de Ferraz. Además, el PP indica que cinco de los delitos investigados en la causa están entre los tipos penales susceptibles de ser atribuidos a una persona jurídica.