La jueza Tardón da quince días al Gobierno para que desclasifique todo el material del CNI sobre la entrada masiva de julio en Ceuta

La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado al Gobierno que desclasifique nuevos documentos relacionados con el “grave ataque a la integridad territorial” de España que tuvo lugar a finales de julio, cuando cerca de 90.000 migrantes cruzaron la frontera y se adentraron en Ceuta. La jueza muestra particular interés por obtener “todas las notas e informes” que elaboró el CNI a partir del 30 de julio y, más concretamente, los “relativos a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha”. El Consejo de Ministros tiene quince días naturales para atender al requerimiento urgente de la jueza, según establece ella misma en la resolución dictada este martes.

La magistrada Tardón no solo reclama al Consejo de Ministros que desclasifique estos documentos, también pide un listado de las autoridades que recibieron las informaciones del CNI, tanto las que ya desclasificó el Gobierno el pasado 8 de septiembre como las que aún permanecen secretas. El auto dictado este martes por la instructora pide también la desclasificación de las identidades de los miembros del CNI que, según consta en la causa, mantuvieron contacto con la Guardia Civil y con el exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta en los días previos a la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

Gran parte de los requerimientos que recoge la instructora en su resolución están enfocados directamente a determinar la participación o la reacción de Marruecos ante lo sucedido a finales de julio. Tardón ya remitió al CNI un extenso cuestionario en el que se abordaban cuestiones como la relación del centro de inteligencia con sus homólogos marroquíes. No obstante, la jueza ha quedado insatisfecha con la respuesta que dieron los servicios de inteligencia españoles. Por ello reclama ahora la desclasificación de “cualquier nota o comunicación” emitida o recibida de los servicios de inteligencia del Reino de Marruecos.

Entre la extensa lista de preguntas que remitió la jueza al CNI, tres de ellas no han sido respondidas “en los términos en que se solicitaba”. La primera versa sobre las “personas, organismos e instituciones” que recibieron información del CNI. Los servicios de inteligencia no desvelaron la identidad de los miembros del CNI que mantuvieron estos contactos ni la de sus destinatarios en la Guardia Civil. La magistrada considera indispensable conocer quienes fueron para tomarles declaración en calidad de testigos, según reproduce en su escrito. Tardón lamenta también que el CNI respondiese que los informes ya desclasificados se compartieron con “las autoridades” y “organismos correspondientes”, sin más detalle.

La jueza preguntó también si el CNI mantiene “contacto habitual con los servicios de inteligencia marroquíes” y si “se comparten avisos o alertas sobre posibles movimientos de presión migratoria”, y ha quedado igualmente insatisfecha con la respuesta. El Centro informó de que se compartieron unas 20 notas con los dos organismos de inteligencia de Marruecos el DGED y el DGST, pero no las ha compartido con la Audiencia Nacional ni ha precisado qué respuestas obtuvo el CNI. Por último, María Tardón reprocha que el CNI haya admitido que ha seguido investigando lo sucedido en los meses sucesivos, pero no ha enviado los informes elaborados.

La solución que ha encontrado la magistrada a esta situación consiste en requerir la desclasificación de documentos al Consejo de Ministros. Una decisión que defiende y argumenta en una resolución de 14 folios de extensión. Admite en su escrito que la información solicitada “puede afectar a materias reservadas” al amparo de la ley de secretos oficiales, pero añade que no se puede concluir “que la declaración de secreto oficial genere un espacio inmune al control jurisdiccional o permita excluir de forma absoluta el conocimiento de información imprescindible para una investigación penal”. La magistrada incide en que la declaración de los agentes del CNI y de la Guardia Civil que se comunicaron en las vísperas del 30 de julio es “imprescindible” para la causa.

“En el presente caso, la información solicitada es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado, pues la misma se ha visto vulnerada precisamente en el marco de los hechos objeto del procedimiento y la autoría de ese ataque a la seguridad del Estado es lo que pretende averiguarse con la investigación en curso”, zanja la instructora Tardón. Más adelante acota que sus requerimientos servirán para un objetivo muy concreto: “determinar qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio de 2026”, “qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información” y “cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos”.