La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), Justicia Alimentaria y la organización de consumidores FACUA han pedido que no compren en las grandes superficies todos los miércoles hasta la huelga general del 11 de noviembre en protesta por el coste de la vida.
En un comunicado difundido este martes, las tres organizaciones han anunciado una huelga de compras en supermercados, hipermercados y grandes cadenas para mañana miércoles 28 de octubre, el 4 de noviembre y el mismo día de la huelga general. El día de la huelga han llamado a no hacer ninguna compra ni en tiendas ni por internet.
En cambio, se pide comprar en mercados municipales, comercio de barrio, cooperativas o directamente a productoras porque “la huelga de compras no va contra el pequeño comercio ni contra las trabajadoras de los supermercados”, a quienes se invita a sumarse a la huelga general cerrando sus establecimientos.
A su juicio, la huelga de compras es la de “quien no puede hacer huelga en el trabajo”, en alusión a trabajadores precarios, autónomos, parados, pensionistas, estudiantes y cuidadores.
De esa forma, las organizaciones sociales pretenden denunciar que “trabajar ya no garantiza llegar a fin de mes”, puesto que “el alquiler se come los salarios y la cesta de la compra no deja de subir, mientras unos pocos baten récords de beneficios con lo que se necesita para vivir: un techo y un plato en la mesa”.
Los convocantes de la huelga de compras han criticado que la cesta de la compra cueste actualmente más de un 40% más que en 2019, mientras que en ese periodo el salario medio ha subido el 21,9%. Según los datos del INE citados por las organizaciones, la inflación general cerró septiembre en el 4,9%.
Para ilustrar esta situación, han señalado que Mercadona obtuvo unos beneficios de 1.729 millones de euros en 2025, un 25 % más que el año anterior. También han denunciado la diferencia entre los precios que reciben los agricultores y los que pagan los consumidores: según el índice de precios en origen y destino de COAG, en abril de 2025 el kilo de cebollas se pagaba a 0,30 euros al productor y se vendía a 2,25 euros.
Rebajar los alquileres y controlar los precios
Entre sus principales reivindicaciones, las organizaciones reclaman una reducción del 50 % de los alquileres, vinculada a los ingresos de los inquilinos, así como medidas para controlar los precios de los alimentos, la energía y el transporte.
Justicia Alimentaria propone establecer una cesta de productos básicos a precios justos, cuya rebaja se financie con los beneficios de las grandes distribuidoras y no a costa de los productores. Por su parte, Facua exige limitar los márgenes de beneficio de las grandes cadenas e implantar un doble etiquetado que permita conocer cuánto se paga por los productos en origen.
“El casero y el patrón nos aprietan por los dos lados y en la caja del súper, también”, ha denunciado Aldo Reverte, de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, quien ha defendido que, “si dejamos de comprar a la vez, lo notan”.
En la misma línea, el director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, ha advertido de que “comer no puede ser un privilegio”, mientras que el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha reivindicado el derecho de los consumidores a conocer “cuánto se paga en el campo y cuánto se queda la gran distribución”.
Las tres organizaciones también han llamado a colectivos, asociaciones, sindicatos, cooperativas y comercios a adherirse a la campaña a través de la web https://huelgaporlavivienda.org/compras/. Las entidades participantes aparecerán en una lista pública antes del 11 de noviembre.
La huelga general de ese día, convocada en protesta por la situación de la vivienda y el coste de la vida, cuenta con la participación de sindicatos de inquilinos, organizaciones por el derecho a la vivienda y sindicatos laborales, entre ellos CGT, CNT, CCOO, UGT, ELA, LAB y CIG, según los convocantes.

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