Pedraz llama a declarar a la jueza del caso del hermano de Sánchez el 8 de octubre como perjudicada por las cloacas del PSOE

El juez Santiago Pedraz ha aceptado que la jueza Beatriz Biedma se persone como perjudicada en el caso de las supuestas cloacas del PSOE y ha acordado tomarle declaración el próximo 8 de octubre en la Audiencia Nacional. La instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez remitió un escrito en el que denunciaba “actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos”.

Asimismo, Biedma apuntaba que esas actuaciones estaban “directamente conectadas” con su “condición” de instructora de la causa dirigida contra el hermano del presidente del Gobierno, que culminó en juicio y, finalmente, en condena.

De acuerdo con lo denunciado por Biedma, el objetivo de aquellas acciones —que aún no ha concretado— era “neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada”.

Coincide esta apreciación de la magistrada con otra que hizo el juez que le tomará declaración, Santiago Pedraz, cuando decidió abrir una causa penal por las supuestas cloacas. Apuntó que su objetivo fue “desestabilizar” los procedimientos judiciales sensibles para el PSOE, el Gobierno y el entorno familiar de Pedro Sánchez.

Tanto la UCO como el instructor mantienen que uno de los supuestos objetivos de las cloacas fue buscar la nulidad de la causa dirigida contra David Sánchez. La propia Biedma integró en su escrito una de las líneas de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la que se apunta que una “de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma”.

Aunque la magistrada de Badajoz no ha precisado qué actuaciones concretas ha percibido contra su persona, varios medios han informado de que las cloacas coordinadas por Leire Díez contactaron con el clan de narcotraficantes de Badajoz llamado los Rochos para que recabaran información de la instructora y la amedrentaran.

En estas actuaciones habría participado un juez apartado de la carrera llamado Luis José Sáenz de Tejada, que trató de recusarla en lo que Biedma considera “una última y desesperada estrategia para apartar a la magistrada del procedimiento, tratándose de actos muy graves que pudieron poner en peligro no ya su reputación, sino incluso su propia integridad física”.

El instructor Pedraz considera que la jueza resulta indiciariamente perjudicada “al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa”.

Los indicios recabados por la UCO

Varias de las actuaciones de las cloacas contra Beatriz Biedma han sido recogidas en los informes de la UCO aportados a la causa. Dichos atestados exponen cómo las cloacas se organizaron a través de un grupo de WhatsApp llamado ‘Vacaciones y viajes’, conformado por Leire Díez, su socio Javier Pérez Dolset, el exjuez Sáenz de Tejada y el empresario Joaquín Parra. Fue este último quien conectó al exmagistrado con Leire Díez y su socio, que le habían solicitado “información o contactos que pudieran afectar a la reputación” de Biedma.

Los cuatro celebraron una reunión en septiembre de 2024 en un piso de Diego de León (Madrid), en la que hablaron de la posibilidad de que Sáenz de Tejada asumiera la defensa de David Sánchez para lograr recusar a la magistrada Biedma. Asimismo, Leire Díez instó a Sáenz de Tejada a denunciar a Biedma ante la Fiscalía General del Estado y le aseguró que ella tenía capacidad de influencia en la institución dirigida por Álvaro García Ortiz.

Además de abordar todas estas cuestiones pertenecientes a la causa, el escrito de Biedma repasa algunas noticias de medios de comunicación que apuntan a contactos de las supuestas cloacas con “personas vinculadas a un conocido clan [de narcotraficantes ] asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada”.

“Aunque el concreto alcance de tales contactos y su finalidad real deberán ser objeto de la correspondiente investigación judicial, la gravedad de este extremo resulta evidente, especialmente si se confirmara que tales aproximaciones guardaban relación con la obtención de información, la generación de hostilidad frente a la compareciente o cualquier otra actuación tendente a presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal por razón del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”, recoge el escrito de Biedma.