Las principales asociaciones de guardias civiles han pedido explicaciones a la Dirección General de la Guardia Civil tras tener conocimiento de la próxima implantación de un software de borrado seguro de archivos informáticos, al considerar que podría “comprometer gravemente procedimientos judiciales y penales en curso, así como investigaciones internas o requerimientos de los tribunales y de la Fiscalía”.
En ese sentido, JUCIL ha pedido “blindar cualquier evidencia” vinculada a “macrocausas y expedientes de relevancia mediática y penal, tales como las investigaciones sobre tramas de corrupción que afectan a estamentos públicos o las diligencias en marcha relacionadas con la crisis migratoria de Ceuta”.
La implantación de este sistema de borrado en la Guardia Civil, que “permitirá la eliminación irreversible de archivos, carpetas y espacio libre mediante sobreescritura”, coincide con la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra altos mandos del instituto armado por presuntamente presionar o coaccionar a agentes para frenar investigaciones que afectan al entorno del PSOE, en el marco del caso Leire Díez. La propia directora general, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, han sido imputados por el juez, Santiago Pedraz, en esta causa.
También coincide con la crisis migratoria en Ceuta, que la Audiencia Nacional ha acordado investigar como un ataque contra la integridad territorial de España y por la que la jueza, María Tardón, ha requerido documentación a la Guardia Civil.
“El carácter irreversible de las operaciones previstas hace imprescindible garantizar que la herramienta no pueda afectar a documentación o información con valor operativo, administrativo, disciplinario, probatorio, histórico o judicial, ni a datos cuya conservación resulte obligatoria”, explica el secretario general de JUCIL, Ángel Ignacio Lezcano.
JUCIL: “La pérdida irrecuperable de información podría comprometer procedimientos judiciales”
La asociación de guardias civiles JUCIL reconoce que el borrado de soportes “es necesario para cumplir con normativas de protección de datos y el Esquema Nacional de Seguridad”, pero subraya “la gravedad de sus consecuencias si no se aplican las salvaguardas adecuadas”.
“Tras conocerse la tramitación de este expediente promovido por el Servicio de Informática de la Guardia Civil, JUCIL manifiesta su preocupación respecto al alcance de este sistema. La pérdida irrecuperable de información digital podría comprometer gravemente procedimientos judiciales y penales en curso, así como investigaciones internas o requerimientos de los tribunales y de la Fiscalía”.
En la misma línea, la asociación AUGC recalca que el borrado seguro de archivos “es necesario y así lo exige la ley”, pero denuncia que la implantación del nuevo software no ha sido debidamente comunicada: “Nos enteramos por el expediente de contratación, no porque la Dirección lo haya explicado a los agentes ni a las asociaciones en el Consejo de la Guardia Civil. Algo tan sensible debería ir con transparencia desde el primer día”.
“El problema no es la herramienta, son las reglas de uso, y no conocemos ninguna. Queremos saber quién puede ordenar un borrado, con qué autorización, qué información queda blindada y quién puede auditar los registros. La documentación no se puede destruir sin más, tiene su propio procedimiento de valoración y eliminación y el software no puede servir para saltárselo”, indica AUGC.
JUCIL también sostiene que “la protección de datos no puede servir de pretexto para desproteger la cadena de custodia ni mermar la transparencia en las investigaciones operativas y judiciales de la Guardia Civil” y pide a la Dirección General “mecanismos de bloqueo legal para impedir que el software pueda eliminar documentación crítica” y una “trazabilidad” para determinar “qué autoridades estarán autorizadas para ejecutar los borrados, bajo qué sistema de doble autorización, y qué órganos podrán auditar los registros de borrado”.
“Antes de activar la herramienta a nivel general, se debe aprobar una normativa interna que asegure la legalidad, proporcionalidad, necesidad y trazabilidad de cada operación de eliminación de datos”, concluye.
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