El Ejecutivo lanza una reforma de las leyes de extranjería y asilo para agilizar las devoluciones en medio de la crisis en Ceuta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto mediante el cual se reformará la ley de asilo y la ley de extranjería que prevé procedimientos más ágiles para los casos de devolución de inmigrantes a su país de origen. Según ha detallado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior a la reunión, el objetivo común de ambas iniciativas impulsadas por su departamento es “adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo” aprobado hace dos años por Bruselas y que en España entró en vigor el pasado mes de junio. Unas normas presentadas en plena crisis migratoria en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio, y el mismo día en el que se ha designado un mando único en la ciudad autónoma hasta el 31 de diciembre.

Las iniciativas, tal y como ha subrayado Marlaska, buscan desarrollar “un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y garantista que responda mejor a la nueva realidad del fenómeno migratorio sin reducir las garantías de personas solicitantes y beneficiarias”. Se actualizan, así, las definiciones de protección internacional, el estatuto del refugiado y protección subsidiaria, y se incorporan de forma expresa realidades como la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.

La reforma introduce modificaciones respecto a la ley europea atendiendo a la realidad migratoria española. Para ello, por ejemplo, aunque el Pacto Europeo fija un plazo máximo de siete días para identificar a los inmigrantes, el Ministerio del Interior lo reduce a 72 horas, prorrogables solo por decisión judicial, para limitar “al mínimo” el tiempo que el extranjero deba permanecer en las instalaciones habilitadas para un triaje que deben acometer todos los Estados miembros. En esa línea prevé que el uso de procedimiento en frontera en instalaciones policiales sea una medida excepcional para el caso de los menores de edad, a diferencia de lo que recoge el pacto europeo, que sí permite aplicar de urgencia este procedimiento a unidades familiares en las fronteras.

La nueva ley europea desarrolló varios reglamentos de aplicación directa por parte de los países comunitarios, pero, según ha recalcado Marlaska, hay disposiciones en la norma que permiten “graduaciones” para que cada Estado legisle como considere. El pacto fija el marco común europeo, pero deja determinados márgenes de decisión a los Estados, y la reforma que impulsa el Gobierno sirve para concretar cómo España va a aplicar esos márgenes.

De ahí ese límite menor, de tres días, para el triaje de inmigrantes (un control que incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos), pero también se concretan las condiciones para las polémicas devoluciones al país de origen. La nueva reforma española establece un período máximo de hasta 12 semanas (el mismo plazo que el pacto europeo) durante el cual el solicitante de protección internacional permanecerá en las instalaciones habilitadas y agiliza su retorno en caso de que se decida que no tiene derecho a protección internacional.

Asimismo, el texto desarrolla los conceptos de primer país de asilo, tercer país seguro y país de origen seguro, que “pueden influir en la admisión o en la forma de tramitar las solicitudes” e introduce la posibilidad de integrar en la resolución denegatoria una decisión de retorno al país de origen.

La nueva ley de asilo concreta, de este modo, el procedimiento que habrá que seguir para aprobar o denegar solicitudes de asilo e introduce un nuevo procedimiento acelerado para que se resuelvan en tres meses. Según ha explicado Interior, la intención es responder mejor al aumento de solicitudes, que han pasado de registrarse unas 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025.

La reforma llega semanas después de que la crisis migratoria de Ceuta volviera a situar las devoluciones en el centro del debate europeo. Tras la entrada masiva de al menos 70.000 personas desde la frontera con Marruecos a finales de julio, España y Rabat acordaron agilizar su repatriación, mientras Bruselas reclamó el retorno de quienes no tuvieran derecho a permanecer en territorio comunitario. El Gobierno se encontró, no obstante, con los límites del ordenamiento jurídico, especialmente en el caso de los menores, a quienes en principio no pueden aplicarse las devoluciones automáticas.

Ahora, las premisas, según ha manifestado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la misma rueda de prensa, son la devolución y repatriación de “la mayor cantidad de personas”, sean mayores de edad o niños, siempre “respetando el ordenamiento jurídico”. En cualquier caso, lo aprobado este martes es solo un primerísimo paso: el anteproyecto ahora debe ponerse en común con el resto de ministerios implicados, recibir los informes preceptivos de los órganos consultivos y ser sometido a debate en el Congreso de los Diputados, donde deberá reunir los votos suficientes de los grupos parlamentarios para que las reformas queden definitivamente aprobadas.