PSOE y Sumar pactan que el decreto de vivienda incluya una prórroga de hasta dos años para los alquileres

El PSOE y Sumar han cerrado este miércoles un acuerdo sobre el decreto de medidas de vivienda en el que el Gobierno había anunciado que quería tener listo antes del fin de julio. Según confirman fuentes del Ministerio de Vivienda y de Sumar, el texto pactado por las dos alas del Ejecutivo incluye una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que terminen antes del 30 de junio de 2028, es decir, va seis meses más allá de lo que lo hacía la primera prórroga aprobada por el Gobierno en marzo. A este se suman otros puntos como bonificaciones en el IRPF para los propietarios que bajen el precio del alquiler y una subida del IVA de los pisos turísticos al 21%. Son algunas de las medidas que articulan un texto que está todavía pendiente de negociar con el resto de fuerzas políticas.

Desde el espacio cuya cabeza visible es Yolanda Díaz destacan particularmente la inclusión en el decreto de una nueva prórroga “reforzada” de alquileres, que en esta ocasión subrayan que abarca más contratos que la aprobada en marzo. La medida introducida en el primer decreto rechazado por el Congreso fijaba el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite de vencimiento de los contratos para poder acogerse a la extensión automática sin cambio de condiciones. Según fuentes de Sumar la ampliación hasta mediados de 2028 incrementa en casi un millón de personas el número de potenciales beneficiarios. El socio minoritario del Gobierno calcula que en total —desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028— podrán acogerse a esta congelación de precios un millón y medio de hogares con cuatro millones de inquilinos.

Fuentes del Ministerio de Vivienda piden “discreción” sobre el contenido concreto del decreto, pero avanzan que, dentro de las medidas planteadas para hacer bajar los precios y dar “estabilidad” a los contratos, el texto pactado recoge también una regulación del alquiler de temporada y por habitaciones para acabar con el uso fraudulento de estas tipologías de arrendamientos, así como la obligatoriedad de que los contratos de alquiler sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a los propietarios que bajen el precio del alquiler.

La otra pata del decreto consiste en medidas orientadas a movilizar más vivienda asequible. A falta de conocer los detalles, fuentes del Ministerio de Vivienda señalan que el texto acordado incluye “medidas de agilidad administrativa” y una subida del IVA a los pisos turísticos. Desde Sumar, agregan que se endurecerá también el régimen sancionador de los alquileres vacacionales para castigar la publicidad irregular en plataformas online.

Sumar presionó para que el Consejo de Ministros aprobara el nuevo decreto de vivienda antes del pleno extraordinario de este jueves, 23 de julio, con el objetivo de someterlo a votación ese mismo día. Sin embargo, la norma no verá la luz hasta el Consejo de Ministros del próximo martes, por lo que no se decidirá sobre su convalidación en el Congreso hasta después del verano, a finales de agosto o principios de septiembre. El visto bueno de la Cámara Baja es imprescindible para que el decreto despliegue sus efectos de forma definitiva. Si no, las medidas dejarán de tener efectos cuando el Congreso las rechace, tal y como pasó en abril con la primera prórroga extraordinaria, que se aplicó durante apenas cinco semanas, hasta que PP, Vox y Junts la tumbaron en la Cámara Baja.

Mientras Sumar celebran que el texto pactado incluya de nuevo la prórroga de los contratos de alquiler, una medida que la formación ha enarbolado durante todo el curso político; desde el Ministerio de Vivienda insisten en que su “prioridad” es lograr un acuerdo con el resto de fuerzas para que esta vez el texto sí sea convalidado y llaman a la discreción “en aras del acuerdo”. Eso sí, anticipan un decreto “amplio y ambicioso”, con “soluciones estructurales” para afrontar el problema de la vivienda. El reto está ahora en convencer al resto de partidos.

Con este nuevo decreto, el Gobierno trata de conciliar las distintas exigencias de sus socios, sobre todo, las de Junts y Podemos para intentar que esa votación prospere y las medidas puedan mantenerse en el tiempo. Desde que anunció su intención de recuperar estas medidas, el Ejecutivo ha apelado directamente a Junts, que condiciona su respaldo a que el texto recoja las propuestas de una iniciativa (PNL) presentada por su partido en el Congreso hace tres meses. Entre ellas figuraban deducciones fiscales por la compra de vivienda y para los propietarios, incentivos al alquiler para inquilinos con rentas inferiores a 33.000 euros y beneficios para las personas mayores que vendan su vivienda habitual para costearse una residencia. De momento, fuentes del Ministerio de Vivienda confirman que el decreto incorporará bonificaciones en el IRPF.

Junts también condiciona su apoyo a que el Gobierno acelere la transposición y aplicación de la directiva europea del IVA franquiciado para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Al menos hasta ahora Hacienda se había mostrado contraria a llegar a esa cantidad por las pérdidas económicas que afrontaría el Estado, alegando que la norma europea abre la puerta a que los gobiernos nacionales establezcan un límite inferior.

Demandas enfrentadas por la ley del suelo

En cuanto a Podemos, los morados ya advirtieron al Gobierno de que no podían dar por hecho su apoyo si el nuevo decreto incluía deducciones fiscales a propietarios y dejaba fuera la moratoria antidesahucios que, por otro lado, Junts rechaza. En este sentido, según fuentes de Sumar el borrador pactado en el seno del Gobierno incluye el compromiso de “negociar” con los grupos parlamentarios medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional. Más allá de esta llamada al diálogo, por el momento la moratoria no parece estar comprometida en el decreto.

Aparte de esta demanda, Podemos ha denunciado este miércoles que el texto acordado entre el PSOE y Sumar traspasa lo que para ellos es una “línea roja”, al incluir una reforma de la ley del suelo. En concreto, rechazan de plano que se modifique el sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico. La formación morada considera que esto supondría legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo y reducir los controles sobre los proyectos futuros, al mismo tiempo que limitaría la capacidad de las entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas.

Asimismo, el partido de Ione Belarra también se opone a que se modifique el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados. Advierten de que esto eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin. Podemos cree que se trata de “una reforma hecha a la medida de los intereses de BBVA, la constructora San José y Merlin Properties en la Operación Chamartín”. Recuerdan que el Congreso ya ha rechazado modificaciones similares de la ley del suelo y reclaman que ambos elementos se eliminen del borrador como “condición ineludible” para sentarse a negociar.

La postura de Podemos choca con la de PNV, que este miércoles ha dicho precisamente que considera “imprescindible” el decreto de vivienda modifique la ley del suelo para dar “mayor seguridad jurídica y agilidad” a los planeamientos urbanísticos y evitar bloqueos. Recuerdan que es una demanda que vienen reclamando ayuntamientos de distinto color político y que, a su juicio, responde a la necesidad de construir vivienda a más velocidad.

El partido nacionalista se muestra dispuesto a apoyar la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, siempre y cuando sea una medida temporal y los beneficiarios se encuentren al corriente de pago y lo hayan estado durante los doce meses anteriores a la solicitud. También ven con buenos ojos que se regule el alquiler de temporada —respetando las competencias autonómicas—, pero abogan por un IVA del 10% para los pisos turísticos.