Ayer se cerró el plazo de solicitudes para la regularización extraordinaria de inmigrantes y las peticiones superaron con creces todas las previsiones.
El Gobierno estimó que recibiría unas 750.000, de las que 500.000 se harían efectivas, y la demanda supera el millón. La cifra da una idea del volumen de inmigrantes que viven en España sin derechos básicos, malviviendo y muchas veces explotados, al depender de la economía sumergida.
No puede haber norma europea como sugiere el Supremo que frene una iniciativa así que cuenta con el apoyo de patronal, sindicatos, la Iglesia católica y las ONG.
Sí la cuestionan el PP y Vox, deslizando incluso una supuesta maniobra para engordar el censo electoral a sabiendas de que obtener el permiso de residencia no otorga el derecho al voto.
El reto del Ejecutivo es ahora desatascar las oficinas de extranjería y no eternizar los expedientes.
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