La regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno podría chocar con la legislación europea. Así lo considera el Tribunal Supremo en una providencia, fechada el pasado 24 de junio, en la que entiende que el modelo de regularización masiva previsto en el decreto podría colisionar con el marco común europeo establecido en el Pacto de Migración y Asilo aprobado en 2024, por lo que da cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la conveniencia de preguntar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), lo que paralizaría el proceso.
El alto tribunal cuestiona en la resolución, adoptada en respuesta a los recursos de los gobiernos de Aragón y la Comunidad Valenciana, la capacidad de un Estado miembro de la UE para adoptar por su cuenta un régimen general y masivo de concesión de residencias temporales a inmigrantes, sin coordinarse previamente con las instituciones europeas.
La normativa europea, dice el Supremo, afronta el fenómeno migratorio y el asilo desde “un enfoque integral, objetivo para cuya consecución es indispensable el mantenimiento de un alto grado de transferencia de información y de comunicación de los Estados miembros entre sí y con las instituciones comunitarias correspondientes”.
Así, cuestiona que el decreto del Gobierno no es “un reconocimiento individualizado de dicho permiso, sino de un régimen general a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular, debiendo reunir determinadas condiciones”.
Los magistrados señalan posibles incompatibilidades concretas relacionadas, entre otras cosas, con la concesión de permisos de residencia a personas que podrían encontrarse en procedimientos de devolución o expulsión, así como las consecuencias que la regularización puede tener para la libre circulación de personas en el espacio Schengen.
Sobre este último aspecto, la providencia del Supremo explica que la normativa europea establece que “la migración y el cruce de las fronteras exteriores por un gran número de nacionales de terceros países no deben considerarse por sí mismos una amenaza para el orden público o la seguridad interior”, si bien la entrada y circulación por el territorio de la UE de inmigrantes “afecta a la totalidad de Estados miembros”, por lo que la legislación estableció “unas condiciones comunes de entrada así como otras de denegación, enfatizando la necesidad de cooperación entre los Estados miembros”.
Ante esta situación, la Sala abre un trámite de audiencia a las partes personadas y les da un plazo de cinco días para presentar alegaciones sobre “la procedencia de formular una cuestión prejudicial interpretativa” ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre el hecho de que un Estado miembro “pueda establecer, sin condicionamiento alguno que no sea la mera decisión política, una regularización masiva de ciudadanos extranjeros en situación irregular”. De esta forma, el Supremo abre la puerta a elevar el caso a la justicia europea y a que esto pueda paralizar el proceso de regularización del Gobierno, que termina precisamente este martes.
El periodo para solicitar la regularización extraordinaria de todos los inmigrantes irregulares que residen en España desde antes del 1 de enero comenzó el pasado 16 de abril para la vía telemática y, cuatro días después, en formato presencial a través de más de 400 puntos habilitados entre oficinas de Extranjería, de la Seguridad Social y de Correos. Este martes es el último día para presentar solicitudes.
Según los últimos datos confirmados por el Ejecutivo, se han registrado en torno a un millón de solicitudes, más del doble de las inicialmente previstas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que contemplaba regularizar a medio millón de inmigrantes. Los sindicatos policiales han denunciado repetidas veces fraudes relacionados con el proceso de regularización, vinculados a empadronamientos, citas administrativas o documentación acreditativa.
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