Algunos diputados del Parlamento de Georgia han llegado este lunes a las manos y han tenido que ser separados por el resto de los parlamentarios. El motivo ha sido un proyecto de ley sobre agentes extranjeros promovido por una formación oficialista y que será estudiado este martes en sesión plenaria por los legisladores.
Mientras eso sucedía en el interior de la Cámara, fuera cerca de un millar de manifestantes se congregaban para protestar contra la misma norma. “¡No a la ley rusa!“, coreaban los participantes en la protesta, algunos de los cuales arrojaron huevos contra el edificio, fuertemente custodiado por efectivos de las fuerzas antidisturbios. Uno de ellos quemó una bandera rusa, sin que interviniera la Policía.
La oposición teme que al aprobarse la ley sobre agentes extranjeros, esta sea utilizada, al igual que en Rusia, para amordazar y perseguir a la disidencia. La norma pretende que las organizaciones con más del 20% de financiación foránea se registren como “agentes extranjeros”.
La presidenta, Salomé Zurabishvili, calificó de “inadmisible” el proyecto, pues “distancia de Europa al país”, y adelantó que lo vetará en caso de que sea aprobado. El veto presidencial sin embargo se supera por mayoría simple en Parlamento y el partido oficialista Sueño Georgiano cuenta con 75 de sus 150 escaños, a los que puede añadir otros nueve: los de sus aliados de Fuerza del Pueblo.
Clashes reported inside & outside Georgian parliament about proposed “foreign agents” legislation – to require organizations with 20+% funding from overseas to register as “foreign agents”.
Law’s protesters point out its similarity to ?? “foreign agents” law. Dangerous trend. pic.twitter.com/O2GIS5GqPY
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 6, 2023
“Los georgianos deben acudir en masa a la sede del Parlamento para protestar e impedir la adopción de esta ley antidemocrática“, dijo la diputada opositora Anna Natsvlishvili.
El presidente del comité parlamentario de relaciones internacionales, el diputado oficialista Nikoloz Samjaradze, afirmó a su vez que el proyecto busca “aumentar la transparencia e impedir la llegada de financiación desde países hostiles“. “El proyecto no se contradice con los principios europeos. Después de la primera lectura será enviado a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para que emita un dictamen”, añadió.
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