PSOE y Podemos aceleran la negociación de la ley de vivienda y piden al Congreso que se reúna en enero para intentar aprobarla

Tras meses de parálisis casi absoluta y de reuniones infructuosas, la ley de vivienda parece comenzar a desbloquearse. Así lo aseguran, al menos, PSOE y Unidas Podemos, que coinciden por primera vez en mucho tiempo en que hay ciertos avances en las negociaciones para sacar adelante un texto que lleva prácticamente un año varado en el Congreso. Los dos partidos que componen el Gobierno apelan a la discreción para no concretar los acuerdos ya alcanzados, pero algunas fuentes señalan que se ha avanzado en los dos ámbitos que más roces han generado: la limitación del precio de los alquileres y la restricción de los desahucios de familias sin un techo alternativo.

De ahí que el Ejecutivo haya utilizado su prerrogativa legal para pedir al Congreso que vuelva parcialmente a la actividad en enero, un mes que es inhábil en el calendario parlamentario según la Constitución pero en el cual, en los últimos años, se ha mantenido la actividad legislativa. Lo ha hecho a través de un escrito firmado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, que ha solicitado formalmente “la celebración de las sesiones extraordinarias en el mes de enero de 2023 de los órganos parlamentarios que sean necesarios para la tramitación y aprobación del proyecto de ley por el derecho a la vivienda”.

Este lunes, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, fue muy parca a la hora de confirmar los avances en la negociación. Pero sí señaló que confía en que la tramitación parlamentaria se cierre “en las próximas semanas”, un plazo temporal mucho más acotado que el que se había planteado hasta este momento. Y afirmó, además, que el PSOE se ha abierto a incorporar “observaciones” de los grupos parlamentarios que son imprescindibles para que los socialistas saquen adelante la norma, fundamentalmente Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.

“Confío en que seamos capaces de ultimar esas cuestiones que todavía pueden quedar pendientes de negociación”, planteó a este respecto Sánchez. Y fuentes del Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra aseguran, en la misma línea, que el acuerdo está “más cerca” siempre y cuando se produzcan “algunos últimos avances en materia de control de los precios del alquiler y en obligaciones para los grandes propietarios de vivienda”, habida cuenta de que “recientemente se han venido produciendo conversaciones entre el Ministerio de Transportes, el de Derechos Sociales, ERC y Bildu casi cada semana”.

El mero hecho de que se hayan producido esas reuniones, que vienen teniendo lugar más o menos desde noviembre, ya supone un avance después de varios meses en los que las negociaciones sobre la ley de vivienda prácticamente se detuvieron. Pero además, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, fuentes de Unidas Podemos aseguran que estos encuentros sí están siendo fructíferos. Tal y como ha publicado 20minutos, por ejemplo, los morados han pactado con el PSOE rebajar el número de pisos que debe tener un propietario para ser considerado gran tenedor de vivienda y estar sujeto a mayores restricciones, que el proyecto de ley fijaba inicialmente en diez.

Este acuerdo, aunque no es ni mucho menos suficiente para dar por desbloqueada la ley, sí atestigua que el PSOE ha virado en los últimos meses y se ha abierto a hacer cambios en el texto aprobado en el Consejo de Ministros para conseguir que el Congreso lo apruebe. No hace ni tres meses, en octubre, la posición de los socialistas era muy diferente, ya que entonces se mostraban dispuestos a negociar modificaciones con ERC y EH Bildu, pero no con Unidas Podemos, bajo el argumento de que los morados ya negociaron con el PSOE durante un año la ley de vivienda en el seno del Gobierno y plantear cambios supondría reabrir unas conversaciones ya zanjadas.

Alquileres y desahucios, las claves

Si esta reactivación de las negociaciones llegara a buen puerto, el Gobierno podría ver por fin aprobada una de las leyes que más quebraderos de cabeza le ha dado durante la legislatura. De hecho, el primer acuerdo que se produjo entre PSOE y Unidas Podemos para poner en marcha la norma data de octubre de 2020, cuando ambos partidos acordaron en el seno del Ejecutivo diseñar un proyecto de ley que empezara su tramitación, como tarde, en febrero de 2021. No obstante, ese plazo se dilató todo un año, y hasta febrero de 2022 el proyecto de ley no salió del Consejo de Ministros. Y tampoco se ha cumplido con Europa, ya que el Gobierno pactó con la UE que la norma estuviera en vigor como tarde el pasado 1 de octubre.

Los dos asuntos fundamentales en los que sigue habiendo discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos son la regulación de los alquileres y los desahucios. Los morados han planteado en sus enmiendas al proyecto que todos los propietarios, tanto grandes como pequeños, estén obligados a rebajar el precio de sus alquileres -y no solo a congelarlo- cuando los pisos se encuentren en zonas declaradas como de mercado tensionado. Este cambio sería clave, ya que supone ampliar enormemente el alcance de la regulación de los arrendamientos, y ya el año pasado PSOE se resistió hasta el final a incluir esta medida en la ley: lo que finalmente se pactó es que esta rebaja solo fuera obligatoria para los fondos y empresas cuyo negocio es el alquiler.

Unidas Podemos también aspira a que la ley recoja la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin una vivienda alternativa donde puedan alojarse, así como que “la totalidad de viviendas de la Sareb [el banco malo, de titularidad pública] han de ser incluidas en el parque público de vivienda en alquiler”. Y ERC, por su parte, apuesta por cambios en esta misma línea, y propone que la prórroga automática de los contratos de alquiler sea durante siete años cuando el casero sea una persona física -actualmente son cinco años- y de doce años cuando el arrendador sea una empresa -el periodo actual es de siete años-.