Las negociaciones para la ley de vivienda se han cerrado tras más de dos años de conversaciones, pero Unidas Podemos quiere apurar hasta el último momento para introducir algunas medidas de regulación del mercado. Este jueves, el texto de la ley se votará íntegramente en el Congreso para ser enviado al Senado, donde recibirá luz verde de forma definitiva. Pero los morados van a intentar forzar una votación ese mismo jueves para introducir en la norma una enmienda de última hora a través de la cual se limitaría el número de pisos turísticos que pueden existir en las zonas de mercado tensionado, aquellas donde se podrán limitar los precios del alquiler.
La formación aún se encuentra negociando esta enmienda transaccional con ERC y EH Bildu, ya que Unidas Podemos no ha mantenido enmiendas vivas para el Pleno del Congreso del jueves y, por tanto, no puede forzar en solitario la votación ese día. En cualquier caso, incluso si los habituales aliados del Gobierno se avinieran a intentar esta modificación de última hora en la ley, la enmienda tendría muy pocas opciones de prosperar, habida cuenta de que la negociación con el PSOE se cerró hace un par de semanas tras muchos meses de bloqueo.
Sin embargo, presentar esta enmienda obligaría a que se votara el próximo jueves justo antes de la votación de la ley completa, lo cual forzaría a los socialistas a posicionarse ante la necesidad de limitar la cantidad de plazas turísticas en zonas donde el mercado del alquiler es más agresivo. “Quedan tres días para interlocutar y negociar con todas las formaciones, especialmente con las del bloque de investidura”, planteó este lunes el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández.
En concreto, Unidas Podemos apuesta por establecer un tope de este tipo de pisos turísticos del 2% del número de habitantes de esa zona tensionada. Eso supondría, por poner un ejemplo, que en una área tensionada en la que hubiera 10.000 residentes no se podrían ofrecer más de 200 plazas de alquiler turístico. La enmienda también reclama reforzar las inspecciones para garantizar que todas las viviendas de uso turístico tienen la correspondiente autorización previa y para velar por la convivencia, ya que en los últimos años ha crecido el número de viviendas dedicadas a alquiler residencial que se alquilan por días para usos turísticos.
“Se trata de evitar que los grandes propietarios utilicen cualquier subterfugio para evitar la regulación de los alquileres. Tenemos que garantizar que la primera ley de vivienda de nuestra democracia se cumple hasta la última coma”, argumentan fuentes de Unidas Podemos. Y en esa misma línea se pronunció este lunes el coportavoz Fernández, que aseguró que el objetivo es “reforzar la ley de vivienda” evitando “que los grandes propietarios y fondos buitres puedan retirar inmuebles del mercado residencial y dedicarlo al vacacional”.
Los morados, además, recuerdan que el pacto de coalición con el PSOE firmado al inicio de la legislatura ambos partidos se comprometieron a impulsar “reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio”, dado que “el incremento de los precios de alquiler y la limitación de oferta para uso residencial es especialmente grave en algunas ciudades como consecuencia del uso turístico de los alojamientos”.
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