La Justicia obliga a la Seguridad Social a reconocer una incapacidad permanente total a un empleado que sufrió un ictus y depresión

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reconocer la incapacidad permanente total a un empleado que sufría problemas de salud mental, que se vieron agravados por un ictus.

Así ha quedado recogido en la sentencia 116/2023 de 27 de febrero, que detalla que el hombre, jefe de sección en un establecimiento de Carrefour, sufre un trastorno de adaptación crónico con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido. Esta dolencia cursaba con clínica de angustia, irritabilidad, ánimo bajo, rumiación, nerviosismo, tensión muscular, intranquilidad, opresión precordial, desmotivación, tristeza y decaimiento.

De hecho, el hombre estuvo en tratamiento en una unidad de salud mental desde el 2007 al 2014 por ansiedad reactiva a sobrecarga laboral y padeció posteriormente un ictus, que le impidió volver a usar dos dedos de la mano derecha y le causó problemas en la columna vertebral.

Con este cuadro clínico, el empleado solicitó la incapacidad para realizar su trabajo, que incluía tareas como la interlocución con otras direcciones logísticas, controlas las operaciones diarias de la plataforma, coordinar las entregas y gestionar la documentación y análisis de resultados, entre otros.

Sin embargo, el equipo de valoración (EVI) resolvió proponer a la Dirección Provincial del INSS de Cantabria la no calificación del demandante como incapacitado permanente “por no presentar reducciones autonómicas o funcionales que disminuyan o anules su capacidad”. Este criterio fue admitido y acordado.

Ante esta resolución, el hombre decidió recurrir a los tribunales, y el Juzgado Número 3 de lo Social de Santander falló que el demandante estaba afectado por una “incapacidad permanente total derivada de enfermedad común para su profesión habitual de jefe de sección”. En consecuencia, resultó beneficiario de una prestación del 55% de una base reguladora de 2.656,81 euros 14 veces al año.

Ante esta resolución, la parte demandada (la Seguridad Social) anunció su intención de interponer un recurso de suplicación, que ahora ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.