El PSOE quiere cambiar la nueva ley del aborto para evitar la “coacción” a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo

El PSOE ha aprovechado la tramitación de la nueva ley del aborto, que ahora afronta su recta final en el Senado, para proponer una enmienda que blinde los derechos de las mujeres ante medidas como el supuesto protocolo que en un principio se iba a aplicar en Castilla y León. A través de una transaccional, el Partido Socialista pretende evitar que se impulse cualquier práctica que busque “coaccionar” y “alterar” la voluntad de una mujer que ha decidido interrumpir su embarazo.

La iniciativa, que ha sido anunciada este lunes por la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, y la secretaria de Igualdad en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Andrea Fernández, surge tras la “pesadilla” vivida en Castilla y León, en palabras de Granados. Se refería la portavoz al supuesto protocolo que en un principio anunció el vicepresidente de la Junta , García-Gallardo (de Vox), -y luego desmintió el presidente Alfonso Fernández Mañueco- para obligar a los médicos a ofrecer a las mujeres que quieran abortar la posibilidad de escuchar el latido del feto, contemplar una ecografía 4D o someterse a terapia psicológica.

El plan contra el aborto finalmente no se ha impulsado, después de que la Junta acatase el requerimiento del Gobierno, pero aun así el mero hecho de que se pusiese sobre la mesa una idea ideada por Vox, les ha dejado “preocupadas”, según ha reconocido Granados. “No queremos que vuelva a pasar nada parecido”, ha subrayado en la rueda de prensa, donde ha denunciado que “la derecha y la extrema derecha” están usando a Castilla y León, donde el PP gobierna en coalición con Vox, como un “laboratorio de pruebas”.

Precisamente hoy, el presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado la necesidad de realizar “autocrítica” en su Gobierno acerca de la manera de comunicar y de explicar unas “medidas sanitarias”. Según ha manifestado, la intención del Ejecutivo regional era mejorar las prestaciones que se ofrecen a las mujeres embarazadas y fomentar la natalidad y el apoyo a las familias en la Comunidad Autónoma, ante lo que ha anunciado la presentación en los próximos días del ‘bono nacimiento’.

Evitar prácticas que alteren la voluntad de las mujeres

La enmienda, que deberá ser negociada con los grupos parlamentarios para añadirla a la reforma de la ley del aborto, establece que las administraciones “garantizarán el libre ejercicio” del derecho al aborto y “especialmente” velarán por “evitar” que la mujer solicitante “sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma”.

La única excepción ante esos supuestos, indica el documento, será para aquellos casos en que sea “imprescindible y pertinente” dar información clínica a la solicitante. Aun así, “las intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica“, incide la enmienda socialista.

La nueva ley del aborto

La reforma de la ley del aborto está ahora en el Senado y previsiblemente será debatida en el Pleno del 7 de febrero (mismo día en el que, además, el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre el recurso del PP a la ley de 2010). Puesto que la nueva ley impulsada por el Ministerio de Igualdad sigue en las Cortes, el Partido Socialista ha visto la “oportunidad” de trasladarle al conjunto de los grupos parlamentarios esta propuesta de transacción “para garantizar que nadie va a coaccionar a las mujeres en su voluntad de abortar”, tal y como ha subrayado Granados.

Según ha explicado la portavoz socialista en la Cámara Alta, el PSOE ya ha hablado con algunos grupos para incluir esta enmienda en el articulado de la ley. De hacerse, además, el proyecto tendría que ser devuelto al Congreso de los Diputados para aprobarse definitivamente. “Con esta transaccional logramos blindar los derechos de las mujeres frente a quienes trafican con ellos para mantener el poder”, ha concluido.