El IMV llega ya a 1,6 millones de personas, dos tercios del objetivo que se planteó el Gobierno

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda a los hogares más vulnerables que oscila entre 565 y 1.368 euros al mes, ha llegado ya a 1,6 millones de españoles que viven en 576.097 hogares. Así lo ha comunicado este martes el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de una nota.

Desde que esta prestación se pusiera en marcha en mayo de 2020, el Gobierno ha logrado alcanzar dos tercios de los 850.000 hogares beneficiarios que se marcó como objetivo. El número de familias cubiertas por el IMV queda así ligeramente por debajo de la previsión del ministro José Luis Escrivá, que el pasado julio estimó que la ayuda llegaría a 600.000 hogares antes de que concluyera 2022.

Los datos que proporciona Seguridad Social señalan que el 43% de los beneficiarios son menores y en dos de cada tres hogares que reciben la ayuda hay al menos un menor. En cuanto al género, más de la mitad de los perceptores son mujeres (54,3%) y dos de cada tres titulares del IMV también cumplen con esta condición. Además, una de cada cinco prestaciones recibe también el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), una prestación extra que reciben los hogares con menores que oscila entre 50 y 100 euros al mes en función de la edad.

De entre las más de 14 tipologías de hogar que se incluyen en el diseño de esta prestación, un 24% de los perceptores son hogares formados por un solo adulto, seguidos por un 15% de familias formadas por dos adultos y dos menores y otro 15% familias monoparentales con un menor a su cargo.

En el ámbito geográfico, Andalucía es la comunidad que más perceptores del IMV acumula. En concreto, más de medio millón de andaluces recibe esta ayuda y uno de cada tres españoles que la percibe reside en esta comunidad. Tras Andalucía, la Comunidad Valenciana (11,6% de las prestaciones), Madrid (10%) y Cataluña (8,7%) son las autonomías con más prestatarios.

Si se analiza la proporción de habitantes que recibe el ingreso mínimo en relación con la población de cada región, se observa cómo España queda partida en dos mitades: norte y sur. De las diez provincias españolas con mayor tasa de perceptores del IMV por cada 1.000 habitantes siete son andaluzas. Sevilla, con 71 ingresos mínimos vitales por cada 1.000 residentes es la provincia española con mayor incidencia de esta prestación. Tras ella aparecen Cádiz (70), Córdoba (67), Granada (66), Jaén (65), Almería (61), Badajoz (57), Huelva (47), Cáceres (46) y Ciudad Real (45). En el otro lado del espectro, Barcelona (15), Guipúzcoa (17), Baleares (18), Guadalajara y Soria (19) son las provincias con menores tasas de perceptores del IMV por 1.000 habitantes.

Con estos datos en la mano, el retrato robot de un hogar que percibe el IMV es el de una familia andaluza con menores a su cargo en el que el titular de la ayuda es una mujer.

Hacia una prestación de oficio

Una de las razones por las que el ingreso mínimo no desarrolla toda su potencial es que muchos de sus potenciales beneficiarios ignoran que la ayuda existe o que cumplen los requisitos para percibirla. Por ello, Inclusión decidió iniciar una campaña el pasado octubre para dar a conocer la prestación. El departamento que dirige José Luis Escrivá fletó un autobús informativo que hasta ahora ha recorrido 29 municipios en 10 comunidades autónomas para publicitar la ayuda.

El año pasado, la Airef realizó una primera auditoría del programa en la que recomendó al Gobierno simplificar y agilizar procesos burocráticos, revisar los umbrales patrimoniales que limitan quien puede percibir el ingreso mínimo, concretar más qué es lo que se entiende por pobreza y realizar una evaluación completa del programa para convertir el IMV en una ayuda de oficio.

En su análisis, que se limita a los dos primeros años de la ayuda, la Airef estimó que el ingreso mínimo solo llega a uno de cada cinco hogares en riesgo de pobreza o exclusión social. La autoridad fiscal estimó que con 6.000 millones de euros al año sería suficiente para cubrir a la totalidad de familias en riesgo. Seguridad Social ha presupuestado 3.000 millones de euros para esta ayuda en las cuentas públicas de 2023.