El pasado de la magistrada del TC Laura Díez en la Generalitat le obliga a apartarse del debate sobre el 25% de castellano en las aulas

Desde que se supo que Laura Díez y Juan Carlos Campo iban a acceder al Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno, despertaron las sospechas de que el pasado político de ambos podría lastrarles, obligándolos a retirarse de algunas deliberaciones. Y esto es lo que ha ocurrido con la magistrada Laura Díez, que ha decidido apartarse del debate que tendrá lugar el martes que viene sobre la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante la ley lingüística catalana que el Gobierno de Pere Aragonès impulsó para esquivar la obligación de impartir un 25% de clases en Castellano.

La magistrada se pronunció públicamente sobre este asunto cuando trabajaba de vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatuarias de Cataluña, por lo que no podrá hacerlo como parte del Tribunal Constitucional. Por tanto, Díez ha comunicado al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, que el próximo martes no participará en el debate sobre esta cuestión.

Se da la circunstancia de que a Díez se le adjudicará la ponencia sobre el recurso que presentaron el PP y Ciudadanos contra esta misma ley, y todo indica que llegado el momento la magistrada tendrá que rechazar voluntariamente esta ponencia o asumir el riesgo de ser recusada.

Así las cosas, Díez se verá privada de debatir sobre la imposición del castellano en las aulas catalanas en tanto que avaló las normativas del Gobierno de Pere Aragonès cuando formaba parte del órgano consultivo de la Generalitat.

Aquella ley esquivó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a una norma previa y mantenía intacto el modelo monolingüe de los colegios catalanes. El Consejo del que formaba parte entonces Laura Díez avaló el precepto asegurando que la lengua castellana “claramente no queda excluida del sistema educativo y se le reconoce un uso que es obvio que va más allá de su utilización solo en la implantación de esta lengua como materia o asignatura”.

“La igualdad de lenguas en la enseñanza tampoco no ha sido exigida nunca ni por la Constitución, ni por el Estatut, ni por la legislación básica del Estado, ni explícitamente ni en la interpretación que ha hecho el tribunal Constitucional a lo largo de casi tres décadas”, añadía el dictamen del órgano consultivo.

Las abstenciones podrían reducir la mayoría progresista

El próximo martes, la abstención de Laura Díez sentará un precedente para el nuevo Tribunal Constitucional, tan solo 15 días después de su renovación. Un precedente para los debates que la corte de garantías planea abordar en los próximos meses y que, en algunos casos, chocan con el trabajo que Campo y Díez han realizado en el pasado.

Previsiblemente, la incompatibilidad será más frecuente en el caso de Campo, que ejercía como ministro de Justicia durante la etapa en la que se redactaron o aprobaron la ley de regulación de la eutanasia, la reforma educativa (ley Celáa), la ley del ‘solo sí es sí’ o la reforma legal que veta las funciones del Consejo General del Poder Judicial mientras esté en funciones.

La presencia de un exministro en el Constitucional es inédita y provocará algunos quebraderos de cabeza. Porque la corte de garantías deberá decidir si Campo debe abstenerse de debatir cualquier ley impulsada por el Gobierno del que él formaba parte o si solo se debe apartar en los casos en que la ley haya salido directamente del ministerio que él ocupaba. En cualquier caso, las abstenciones de Campo reconfigurarán el equilibrio del Constitucional, integrado actualmente por siete magistrados progresistas y cuatro conservadores.

Campo podría llegar a quedar expulsado del debate sobre la ley del aborto aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dado que en el momento de su tramitación el magistrado era secretario de Estado de Justicia.

Díez, por su parte, podría encontrar impedimentos por haber ocupado cargos en el Ministerio de la Presidencia. La magistrada ejerció como directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes entre 2018 y 2022. Cargo que compaginó con el de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica desde febrero de 2020.