Los inspectores de trabajo suspenden las campañas de control de jornada o registro horario hasta que se refuerce la plantilla

Los inspectores de trabajo han decidido ir un paso más allá en el conflicto que les enfrenta con el Gobierno y suspenderán indefinidamente a partir de este lunes la mayoría de las campañas de vigilancia diseñadas por el Ministerio de Trabajo. A partir de ahora, y hasta que el Ejecutivo no refuerce la estructura de la Inspección, los inspectores limitarán su actividad a atender las denuncias que formulen los trabajadores o sindicatos, a investigar accidentes de trabajo o a elaborar los informes que se les requieran.

Así lo han comunicado esta mañana los principales sindicatos con presencia en este cuerpo de la administración. En concreto, los inspectores dejarán de realizar visitas a iniciativa propia para supervisar que se cumple la normativa laboral en ámbitos como el control de tiempo de trabajo, el registro de jornada, los planes de igualdad, las condiciones salariales o el control de la economía irregular y el trabajo de extranjeros en agricultura. Además, también se paralizan las inspecciones sorpresa a iniciativa propia para comprobar que se cumple la normativa de trabajo con temperaturas altas durante el verano.

Estas campañas forman parte de la actividad planificada del departamento para el periodo 2021-2023, cuyas directrices estableció el Ministerio de Trabajo hace dos años. A través de ellas, la Inspección realiza un control especial por su propia iniciativa de que se cumple la ley en ámbitos que el Gobierno considera de especial interés.

Los sindicatos arguyen que el Gobierno ha incumplido su compromiso de reforzar la estructura de la Inspección —a lo que el Ejecutivo se comprometió en un acuerdo aprobado en 2021— y que sin este refuerzo no es posible realizar las actuaciones que se les exigen. Además, sostienen que sus obligaciones se han visto incrementadas o intensificadas y los inspectores las han llevado a cabo “aun estando por encima de sus capacidades”.

Desde CSIF señalan a este periódico que los inspectores no dan abasto y que sin refuerzos en la estructura tienen que limitar su actividad a “lo más importante, la denuncia”. Estiman que las campañas pueden suponer entre el 20 y el 30% de su carga de trabajo habitual, aunque la situación varía mucho en función de las provincias y otros sindicatos elevan este porcentaje a más de la mitad del tiempo de trabajo.

Por su parte, desde UGT inciden en que en ningún caso se va a parar nunca una denuncia que interponga un trabajador. “Nos parece inmoral no investigarlo”, señalan. En el sindicato arguyen que el contenido de las campañas se definió en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el mismo documento en el que el Ejecutivo se comprometía a reforzar el cuerpo con una nueva relación de puestos de trabajo (RPT).

Las RPT son las clasificaciones profesionales que se emplean en la administración pública y definen cuestiones clave como las funciones de cada grupo profesional, los complementos de destino o la cualificación exigida. Y la de la Inspección de Trabajo lleva sin actualizarse más de 20 años, denuncia María Font, inspectora de Trabajo. “Nosotros no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo una estructura que haga fuerte y sólida la Inspección. No queremos estar entre disputas políticas, queremos que sea un servicio público de calidad”, apostilla Font.

Hacia la huelga indefinida

El conflicto que enfrenta a los inspectores con los dos ministerios implicados en su funcionamiento (Trabajo y Hacienda y Función Pública) lleva enquistado desde hace más de medio año. Además, las protestas han adquirido un cariz partidista con duras acusaciones desde el Ministerio de Trabajo (en manos de Unidas Podemos) hacia Función Pública (PSOE), a quien acusan de estar bloqueando una solución por motivos políticos. Desde este último departamento sostienen que se ha ampliado la plantilla de la inspección en casi 800 efectivos y se ha concedido una productividad extraordinaria de 6 millones de euros por los esfuerzos. Sin embargo, Función Pública sigue sin autorizar la nueva relación de puestos de trabajo que demandan los inspectores, lo que para los sindicatos supone una línea roja.

Los sindicatos acumulan varias semanas de paros parciales y protestas en las sedes de Trabajo y Hacienda. El último acto de protesta se produjo la semana pasada, cuando los responsables de las unidades territoriales del cuerpo firmaron por unanimidad un manifiesto en el que manifestaban su “profunda preocupación y rechazo” por el bloqueo de las negociaciones. El próximo paso en el calendario de movilizaciones es la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 26 de junio si no se da salida al conflicto.